Uno de cada tres inmigrantes que piden ayuda está en paro y el 44% recurre a la economía sumergida

Fernando Mahía, responsable territorial en Asturias de ACCEM, desgranó ayer en el salón de recepciones del Ayuntamiento, junto al concejal de Servicios Sociales, Agustín Medina, algunos rasgos que permiten conocer mejor la realidad de la inmigración. Conforme a los datos extrapolados de la encuesta, el 62% de los inmigrantes atendidos por alguna de las entidades del GLIA es una mujer (62%), procedente de Colombia (28%), Rumanía (14%) y Perú (8%).

En los dos últimos diagnósticos, en el sexto y en el quinto, Marruecos y República Dominicana aparecían reflejadas respectivamente como dos de las nacionalidades mayoritarias, mientras que ahora se cuela por delante de ellas Perú, lo que podría incitar a pensar tanto en la mejoría de los miembros de esas dos comunidades más que en una posible merma de ciudadanos.

La mayoría de los inmigrantes lleva residiendo en España desde hace más de tres años y tras pasar por Oviedo y/o Gijón, recala en Avilés. A pesar de que casi todas las personas están empadronadas y poseen tarjeta sanitaria, muchas se encuentran en situación de irregularidad, lo que aumenta su riesgo de exclusión social, dificultando el acceso a los recursos y servicios así como al mercado de trabajo regulado. Conseguir la nacionalidad española tampoco es garantía para evitar la precariedad porque un 13% la tiene y aún así solicita ayuda.

En la mayoría de los casos esta situación de irregularidad es sobrevenida por no haber podido renovar el permiso de residencia temporal o por la denegación de la solicitud de protección internacional. Se observan también en el diagnóstico autorizaciones de residencia temporales, muchas veces vinculadas a un contrato de empleo.

El 34% se encuentran sin trabajo y además el 26% es inactiva. La mayoría de quienes desempeñan algún tipo de actividad laboral lo hacen de forma irregular, muchas veces debido a esa situación de irregularidad que les impide formalizar un contrato. La mayoría tiene experiencia laboral, con experiencias en el sector doméstico, en hostelería y turismo.

La situación de las familias que acuden a estas entidades solidarias es «muy precaria». Muchas obtienen sus ingresos a través de la economía y el empleo sumergido y el 37% reciben alguna ayuda económica como el salario social básico.

Casi todas las personas tienen estudios, principalmente secundarios. Entre quienes tienen una titulación solo un 4% ha conseguido homologarla y el 2% la ha adquirido en el país de acogida. Respecto al idioma, teniendo en cuenta el predominio de inmigración procedente de América del Sur, el nivel de conocimiento del español es en general avanzado.

Sobre la situación familiar, hay una proporción similar de personas solteras, separadas o divorciadas sin pareja a la de casadas o con pareja. El 25% afirma no tener familiares en España y más de la mitad son familias monomarentales con hijos menores de diez años a su cargo, lo que en muchas ocasiones genera problemas de conciliación.

La mayoría de las personas viven en un piso de alquiler, sobre los que un 13% de los encuestados manifiesta deficiencias, incluso hay un 11% de personas sin hogar. También se detecta aglomeración de personas en una misma vivienda, en un tercio de los casos llegan a vivir entre cinco y nueve personas en el mismo piso y aún así un 29% refiere incapacidad para asumir los gastos de la misma, principalmente el pago de la renta.

En cuanto a la intervención, algo más de la mitad de las personas acuden a la entidad desde hace más de un año, pero es frecuente que regresen tras un empeoramiento de su situación socioeconómica.

Los servicios más frecuentes son los de información y orientación, en concreto trámites administrativos como el empadronamiento, ayudas económicas o de alimento, así como los relacionados con temas sociolaborales, además de las prestaciones de atención e intervención social.

Es el número de inmigrantes que a 1 de enero de 2022 estaban empadronados en Avilés. Representa casi el 4% de la población.