Los vecinos de Tamón anuncian medidas legales si se construye la perrera comarcal en La Tabla

Zona de La Tabla, en Tamón, donde está prevista la construcción de la nueva perrera comarcal, junto a varias viviendas. / OMAR ANTUÑA
Zona de La Tabla, en Tamón, donde está prevista la construcción de la nueva perrera comarcal, junto a varias viviendas. / OMAR ANTUÑA

«Si para lo único que sirve estar en el consorcio es para poner la otra mejilla, consideramos que Carreño debería irse»

ALBERTO SANTOSTAMÓN.

«La sensación que tenemos es que nos toman por tontos y nuestra indignación es, si cabe, aún mayor. Llevamos años peleando con este asunto y tampoco es que nos sorprenda porque desde que el Ayuntamiento de Carreño entró en el consorcio los vecinos venimos advirtiendo de cuáles serían las consecuencias, evidentes por otra parte, salvo para quienes no las querían ver». Es la reacción de los vecinos de Tamón afectados por la posible ubicación de la perrera comarcal en la localidad de La Tabla tras conocer el acta de la última reunión de la mesa de contratación en la que «supuestamente» se da respuesta a sus alegaciones.

Ayer amenazaron con tomar acciones legales si finalmente la perrera se construye en La Tabla. «Vamos a seguir peleando y defendiendo nuestro derecho a vivir en paz por más que los políticos a los que se les llena la boca defendiendo el medio rural y abanderando la lucha contra el despoblamiento, se empeñen. Tomaremos las acciones legales pertinentes», señalan.

Según manifestaron ayer a este periódico, «el acta deja claro que el representante del Ayuntamiento de Carreño en el consejo era conocedor de los pliegos de contratación desde el 20 de noviembre de 2018 y participó en su elaboración, pidiendo 'expresamente la indicación de que el ejercicio de esta actividad, de conformidad con su normativa urbanística, exigía la tramitación de un estudio de implantación'».

Este hecho demostraría para ellos que el representante municipal «sabía sobradamente que las fincas de La Tabla donde ya había habido intentos anteriores iban a presentarse, lo que no se le ocurrió fue indicar en ese momento que se recogiese la necesidad de guardar distancia a viviendas, defendiendo con ello a los vecinos de Tamón y no generándoles un problema para dar solución a una necesidad del Ayuntamiento de Avilés, que lleva desde hace años buscando ubicación para instalar la perrera y ¿qué mejor que un municipio ajeno?».

En cuanto a la justificación de la pertenencia del Ayuntamiento de Carreño al consorcio para asumir los criterios técnicos que puntúan en primer lugar la ubicación en Tamón, los vecinos responden que «si el único beneficio de pertenecer al consorcio se traduce para Carreño en poner la otra mejilla para que nos instalen la perrera, consideramos que el Ayuntamiento debería abandonarlo».

En el caso de las consideraciones de la mesa de contratación sobre diferentes criterios, añaden que «partiendo de la base de que los vecinos no compartimos los criterios cuantificables establecidos en los pliegos, tampoco compartimos la valoración posterior ni la respuesta actual a nuestras alegaciones. Ya lo dijimos en su momento y nos reiteramos puesto que cuanto menos es llamativo que no se incluyese entre los criterios alguno relativo a la distancia a viviendas que sin duda es uno de los aspectos más determinantes».

Explican en ese sentido que «a nadie se le puede escapar que una instalación como la pretendida cuya capacidad se estima para trescientos perros por la población de los municipios que constituyen actualmente el consorcio, sin perder de vista que el consorcio está abierto a la entrada de nuevos municipios, situada a cincuenta metros de una vivienda es absolutamente descabellado».

Por otra parte, esta última acta recoge textualmente que «las necesidades de caudal en punta de agua no serán más importantes que las de una vivienda». Los vecinos afectados aseguran al respecto que «si unas instalaciones para más de trescientos perros no necesitan un caudal de agua superior al de una vivienda, creemos que algo no se va hacer bien».

Ante la imposibilidad de conexión a la red de saneamiento, «porque ni existe ni se le espera en la zona», la respuesta de la mesa es que «existen soluciones técnicas perfectamente homologadas». Los vecinos defienden que «lo mínimo sería exigir una valoración de los costes de esas soluciones y concretar cuáles son teniendo en cuenta que la finca está en zona de vega de río y no una huida hacia adelante para adjudicarla a toda costa; total, las soluciones técnicas las pagaremos entre todos los ciudadanos».

Camino inadecuado

No obstante, para ellos «lo más sangrante es la valoración del camino, el acta dice textualmente que en opinión de los miembros de la mesa, 'el camino es capaz de soportar la circulación de un vehículo pesado, que es lo que se exigía para poder acceder a la finca con los materiales de construcción necesarios. Los vehículos que circularán posteriormente por ese camino para acceso al albergue serán ligeros: tipo furgoneta para el servicio de recogida de animales, otros furgones que sirvan productos de consumo al centro y vehículos particulares'».

Los afectados aseguran que «no es cierto, en el pliego decía que el camino debía tener sección suficiente para el paso de vehículos pesados sin especificar si para la obra o para la actividad posterior. Pero lo que es más grave es que no se hace mención alguna al informe del ingeniero técnico de la Mancomunidad del Cabo Peñas que fue aportado al expediente y que concluye que las características del camino son insuficientes».