«Nadie votó en el congreso sin tener derecho a ello»

La presidenta de la junta local del PP, Estefanía Rodríguez Serrano, ya expresó el viernes que acataba la resolución, mientras que Esther Llamazares y el afiliado, que participó como apoderado de su candidatura, no se han pronunciado al respecto.

El comité analiza los diferentes aspectos denunciados, como la existencia de «numerosos afiliados» que votaron indebidamente sin que los dos recurrentes concretasen más detalles. La resolución concreta que hubo 450 inscritos en el congreso, produciéndose veinte errores en la elaboración del censo para las votaciones. Ese trabajo se hace de manera manual y «contar con un error de entre el cuatro y el cinco por ciento representa un buen dato, aunque lo deseable sería que no hubiese ninguno».

Además, el comité repasa los casos particulares denunciados y afirma que «lo grave hubiera sido impedir a estos afiliados el ejercicio del derecho al voto por una culpa que no les corresponde a ellos». En la resolución se apoya expresamente la decisión de la mesa del congreso ya que se subsanó un error para permitir que los militantes ejerciesen su derecho.

El comité también analizó las denuncias sobre la influencia indebida en los votantes en el recinto donde se celebraban las votaciones.

En ese punto, se basa en las declaraciones de quince de los diecisiete testigos que comparecieron en la sede autonómica del Partido Popular que afirmaron que «no se distribuyeron papeletas en el interior del recinto de votación». Sólo un testigo, apoderado de Esther Llamazares, afirmó lo contrario.

La resolución no le da credibilidad tanto por la diferencia numérica como por la ausencia de reclamaciones durante el congreso.

De igual manera, rechaza las acusaciones de violencia o intimidación hacia los votantes, destacando ninguno de los diecisiete testigos vieron actos semejantes. En este sentido, el comité autonómico de garantías recuerda que el objetivo de las campañas electorales «es influir en el voto de las personas y lo que no debe admitirse es que se haga de forma ilícita, lo que no se acredita, pues nadie fue forzado o engañado para votar ninguna de las candidaturas».

Sí se reprocha la decisión de la mesa del congreso de negar a Estefanía Rodríguez Serrano el derecho a ocupar el lugar de uno de sus apoderados en la mesa del congreso cuando éste se ausentaba. Una decisión «ilícita» ya que la actual presidenta contaba el derecho de ocupar ese lugar.

Por último, se rechaza la impugnación contra la candidatura de Estefanía Rodríguez Serrano por presentar un vocal menos de los exigidos en su lista, ya que los servicios jurídicos del PP en España consideran que se trata de una irregularidad «subsanable».