La Audiencia aplaza el juicio del 'caso Renedo' y analiza su posible anulación

Los jueces estudian la retahíla de derechos que los acusados dicen que se les vulneró. Si no tienen razón, las sesiones se retomarán el día 25

RAMÓN MUÑIZ

Antes de dejar ir a los acusados del 'caso Renedo', el magistrado Javier Domínguez Begega los advirtió: «A la vista de la entidad de las cuestiones planteadas, el inicio de la fase de prueba puede verse retrasada; no es seguro, pero sí probable». Lo dijo el martes y ayer lo confirmó mediante una providencia.

La variedad de derechos que los procesados aseguran se les ha vulnerado en la investigación obliga a interrumpir el proceso para ver si tienen razón. De ser verdad, la Audiencia Provincial se verá en la obligación de anular todo o parte del sumario. Es una de las consecuencias de los sistemas constitucionales: por graves que sean las pruebas de un delito, solo valen si se obtuvieron respetando todas las garantías de los presuntos culpables.

En el 'caso Renedo' la policía inició las diligencias el 3 de febrero de 2010 y una semana después ya tenía permiso para intervenir tres teléfonos. Los abogados de la defensa creen que esa intromisión en la intimidad fue prematura, un atajo que al no hacerse con las debidas garantías, invalida todos los hallazgos posteriores. Además de las escuchas, creen que hubo vicios en las órdenes de entrada y registro a los domicilios, decisiones tomadas por los jueces que no comunicaron al fiscal y un retorcimiento de la legislación para mantener la causa en un juzgado de Gijón. Algunas partes sostienen además que el sumario debe segregarse en dos juicios: uno ante el jurado popular, con Marta Renedo, y otro segundo relativo a los supuestos delitos de la Consejería de Educación.

Previsión equivocada

La respuesta que darán los magistrados-jueces de la Sección Tercera a estas cuestiones es una incógnita, pero de momento ya manifiestan que valorar las quejas exige tiempo. Más del previsto. Los propios jueces conocían parte de estos supuestos vicios, a pesar de lo cual fijaron un calendario para el juicio según el cual en apenas una semana darían respuesta al asunto.

En la providencia dictada ayer rectifican y piden 12 días más de margen. Según anticipan, de rechazar los motivos de anulación y continuar el proceso, su previsión es retomar las sesiones con los interrogatorios de los acusados, el próximo 25 de abril. Para recuperar el tiempo perdido y cerrar el juicio antes de la fecha límite fijada -el 3 de agosto- los magistrados prevén reactivar la causa con un maratón de declaraciones, en sesiones de mañana y tarde, durante cuatro días seguidos. Es una continuidad que en un principio Domínguez Begega quería evitar; la Sección Tercera es la competente para resolver los recursos en materia de violencia de género y vigilancia penitenciaria, materias sensibles que también exigen tiempo cada semana.

Entre las defensas, el aplazamiento despertó satisfacción contenida. Creen que hay motivos para tomar «una decisión valiente». De no atender sus demandas, la Audiencia es consciente de que recurrirán ante el Tribunal Supremo, motivo de más para trabajar con detalle el auto que resuelva las cuestiones previa.

La Justicia avanza mientras en la esfera política siguen las críticas al Gobierno regional, ahora de su aliado en la investidura. «Lo que sucedió recientemente con lo que, ellos dicen que es un error, sobre la contabilidad del Adolfo Posada y el retraso rayano en la prescripción en hacer el informe sobre Educación, muestra la falta de competencia en sus funciones», afeó Manuel Orviz, coordinador de IU. «No puede suceder esto ni se puede tolerar», dijo.

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