El empresario Maximino Fernández admite que facturó obras «que no se hicieron»

Maximino Fernández. /
Maximino Fernández.

La funcionaria del Ayuntamiento de Oviedo, María Paz Pendás, asegura que «no tenía competencias para hacer contratos»

R. M.

El gerente de ASAC Comunicaciones, Maximino Fernández, reconoció ayer que la exfuncionaria Marta Renedo le mandó facturar obras de cableado en centros sociales de Asturias que después no se realizaron.

Fernández, que afronta una pena de cárcel de 4 años por los delitos de falsificación de documentos, fraude y exacciones ilegales en el «caso Marea», hizo estas declaraciones a preguntas de la fiscal, Carmen Rodríguez, durante la vista oral por esta causa, el mayor caso de corrupción investigado en Asturias.

El acusado admitió que realizó la facturación de estas obras que «no se llegaron a hacer» pese haber sido facturadas para hacer un favor al Principado.«Hay que poner las cosas en su día, en ese tiempo era habitual esta forma de actuar», subrayó Fernández, que recalcó que en aquellos tiempos el Principado ponía las condiciones.

La fiscal acusó a Fernández de cambiar sus versiones sobre las facturas de Asac por trabajos de digitalización a la sociedad Implants Mounths (223.000 euros), de la que Renedo era administradora única.

En relación al patrocinio de un club de baloncesto femenino -en el que jugaba una hija de Renedo- por importe de 35.000 euros, el gerente de Asac dijo que su empresa gasta mucho dinero en subvenciones a equipos deportivos, unos 300.000 euros.

En su declaración, que dio comienzo a las 12.06 horas, Fernández señaló que conoció a Marta Renedo gracias a su amistad con el exdirector general de Cultura Carlos Madera, que también lo fue de Prestaciones Sociales.

También declaró ayer como acusada, aunque no estaba previsto aún, la funcionaria del Ayuntamiento de Oviedo María Paz Rodríguez Pendás, para defenderse y alegar que su puesto de trabajo en el consistorio «no tenía capacidad ni competencias» para la contratación de obras.

Rodríguez Pendás, que afronta una pena de dos años de cárcel por un delito de cohecho solo a petición de las acusaciones particulares, se limitío responder a las preguntas de su abogado defensor.

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