Riopedre: «Pedí trabajo para mi hijo a conocidos, pero nunca les di nada a cambio»

Iglesias Riopedre, durante su declaración./
Iglesias Riopedre, durante su declaración.

Los interrogatorios del caso arrancan con Otero y Renedo cargando sobre sus superiores

RAMÓN MUÑIZ

Enfadado, sorprendido y absolutamente inocente. El exconsejero de Educación José Luis Iglesias Riopedre volvió ayer a mostrarse como el político enérgico que fue para zafarse de los indicios de delito que pesan contra él en el 'caso Renedo'. Fue en la primera jornada de interrogatorios del 'caso Renedo', un juicio que continuará adelante después de que la Audiencia Provincial comunicara a primera hora de la mañana que desestima todas las peticiones de los acusados para anular la investigación. La decisión permitió que María Jesús Otero y Marta Renedo tomaran la palabra para cargar contra sus superiores, especialmente la funcionaria, que enhebró un relato de irregularidades generalizadas dentro del que sugirió la existencia de financiación irregular de campañas electorales.

El protagonismo se lo llevó Iglesias Riopedre, consejero entre 2003 y 2010, periodo en el que «nunca» sospechó la existencia de irregularidad alguna. «Yo creo que había un contentamiento importante en los centros con el material que tenían; aunque siempre les faltaba algo, tenían lo necesario. Las aulas de informática por ejemplo estaban en todos los centros de Primaria, y en Bachillerato», reivindicó.

El veterano político solo atendió a las preguntas de su abogado, Sergio Herrero. «¿Cree que son ciertas las irregularidades que se señalan?», le requirió el letrado. «No, algo ha tenido que pasar, me extraña todo muchísimo», replicó el cliente.

Su anterior empleador, el Principado, presentó hace unas semanas un informe según el cual Educación pagó cuatro millones a Igrafo y APSA por materiales no suministrados, solo en año y medio. Las operaciones habrían ocurrido en la etapa final de Iglesias Riopedre. «Dado el carácter enormemente reivindicativo del mundo educativo, me extraña enormemente que si un material tan significativo no se enviara a los centros y se pagara a las empresas, de forma tan continuada, al final no se supiera», valoró. Fue justo antes de lanzar una amarga queja en la sala: «En 22 años que estuve en la Consejería, ¡22 años!, no recibí ni una sola queja, nadie vino a quejarse de que se les obligara a firmar o a poner un sello mal».

¿Regalos? «Nunca, jamás»

Fiscal y Principado reclaman para el acusado una condena de prisión de 10 años y medio, entre otros motivos, por haber favorecido supuestamente a Igrafo y APSA, cosa que negó.

-¿Dio instrucciones a las empresas para que ganaran los concursos?.

-No, no, como voy a asesorar a alguien que no fuera de la Consejería, ni se me ocurre.

-¿Exigió algún regalo?

-Nunca, jamás.

Su propio letrado le recordó que en la contabilidad de las empresas aparecieron las facturas de dos viajes que realizó junto a su mujer. El primero le permitió participar en unas jornadas profesionales en Barcelona, el segundo, aseguró que fue un regalo de un grupo de amigos por su 70 aniversario. ¿Cómo acabaron esos gastos entre las cuentas de Igrafo y APSA? «Es algo que no me explico, no me cabe en la cabeza cómo un viaje oficial puede ser pagado por una empresa privada. Me entere de que estaba ahí por los medios de comunicación».

En determinados momentos Iglesias Riopedre se esforzó por reducir sus competencias a la hora de hacer encargos. «Yo no firmaba los pagos ni decidía con quien se contrataba», manifestó. Los expedientes de menos de 35.000 euros los decidía la Secretaría General Técnica «y yo no me enteraba siquiera», abundó. Si ponía su rúbrica en algún contrato «era porque venía avalado con otras cuatro firmas». Eso sí, «quien decidía las obras en general éramos tres personas: la arquitecta jefa, María Jesús Otero, y yo como consejero». De su 'número 2', por cierto, recordó que la fichó recomendado en su día por Antonio Trevín.

El talón de Aquiles del antiguo comunista tiene que ver con una energía renovable y el provecho que de ella sacó su hijo, Ernesto. Iglesias Riopedre reclamó sondeos geológicos que aparentemente exploraban las posibilidades de alimentar la calefacción de los centros utilizando energía geotérmica. Los trabajos se adjudicaron a Nora, una empresa que a su vez subcontrataba las catas a Geogal, la sociedad del hijo del entonces consejero. La operativa se realizaría con la participación de la directora general, María Jesús Otero, y el dueño de Igrafo, Víctor Muñiz. La Fiscalía y el Principado sospechan que para financiar estos encargos, Iglesias Riopedre llegó a firmar tres contratos menores y ficticios, a sabiendas de su ilegalidad.

«Lo niego radicalmente»

«Es absolutamente falso que Víctor Manuel, Otero y yo pactáramos algo directa o indirectamente. Lo niego radicalmente», abundó. El exconsejero indicó que al dueño de Igrafo lo conocía desde 1984, «comí algunas veces con él y le pedí trabajo para mi hijo después, en plena crisis, en 2009, pero nunca a cambio de nada. Víctor no es proveedor ni de geotecnia ni de geotermia, simplemente era amigo de Nora». Eso era lo que pedía para su hijo a aquellos con los que tenía amistad. «A la gente que no conocía mucho, le decía que lo recibieran y punto», distinguió.

La suerte, o la mala suerte de Geogal, fue también la del propio consejero, quien en 2009, «previendo la crisis de la construcción, pedí un crédito». Entre el préstamo y sus fondos, aportó alrededor de 32.000 euros a la sociedad, lo que no bastó para cerrar el agujero. «Cuando me detuvieron, en 2011, tenía un plan de pensiones que se lo tragó también la empresa de mi hijo», indicó.

En su defensa, Sergio Herrero ha presentado documentos que muestran que Iglesias Riopedre, el consejero que más cobraba en los gabinetes de Vicente Álvarez Areces, tiene hoy dos cuentas con apenas 2.309 y 672 euros, y una deuda de 7.385 euros. El aludido divulgó ayer un detalle más de su situación. «Mi mujer y yo vivimos de nuestras pensiones y de una habitación que tenemos en el piso de Oviedo alquilada, a un estudiante, por 210 euros... y declarada a Hacienda».

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