El exgerente de Apsa se arrepiente de haber sido «el tonto útil» del Principado, al que culpa de todo

El exgerente de Almacenes Pumarín, Apsa, Alfonso Carlos Sánchez, se ha presentado este miércoles en el juicio del 'caso Renedo' como una víctima de la Administración regional , asegurando que el Principado "le deshizo la vida" y ha añadido que "se arrepiente de haber sido el tonto útil, el primo, y que se hayan aprovechado de él".

"Tras casi 40 años trabajando, mi patrimonio es una casa de aldea y medio piso. Me arrepiento de haber sido un tonto útil y que se hayan aprovechado de mi. Me parece increíble que el Principado esté como acusación siendo el ente que me utilizó, engañó y me arruinó la vida", ha dicho Sánchez, que se ha mostrado muy crítico con la forma de proceder de la Administración regional.

El gerente de Apsa ha negado todas las acusaciones que le atribuye Fiscalía y ha asegurado que para robar mercancía "no hubiera necesitado de 135 personas", en relación a sus empleados. Así, preguntado por su abogado si ofreció liberalidades a cambio de contratos ha asegurado que "si alguna vez pagó algo, que no lo sabe, fue totalmente engañado".

"Si alguna vez pague una cosa, que no lo sé, fue totalmente engañado. Una empresa que está facturando en media España con todo tipo de gobiernos solo tiene problemas es en el Principado, que causalidad" ha dicho el procesado que ha culpado de todo lo ocurrido a la Administración regional. "Nos cerró la empresa, nos hundió. Considero al Principado de Asturias responsable de todo lo que me pasó a mi, a mi empresa y a mis empleados", dice.

Sánchez, que únicamente ha respondido a las preguntas de su abogado, Javier Dapena, ha declarado, tras el ex gerente de Igrafo, en esta nueva sesión del juicio que se celebra en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial. Anteriormente, el pasado lunes, han prestado declaración los también acusados Marta Renedo, el ex consejero de Educación, José Luis Iglesias Riopedre, la ex directora general, María Jesús Otero y la funcionaria María Paz Pendás.

El empresario se enfrenta a una pena de nueve años de prisión y una multa de 1,9 millones de euros. Sánchez está acusado de delitos de cohecho y falsificación, así como presunto autor de un delito de fraude, exacciones ilegales y malversación como cooperador necesario.