Joaquín Arce: «Está claro que Otero siempre hacía lo que le decía el consejero»

Joaquín Arce, a su llegada a la Audiencia Provincial este jueves./
Joaquín Arce, a su llegada a la Audiencia Provincial este jueves.

El exdirector general de Política Forestal y de Presupuestos desvela detalles de su conversación con el expresidente asturiano, Vicente Álvarez Areces, en la que le comunicó sus «sospechas» acerca de lo que estaba ocurriendo en Educación

EUROPA PRESS / ELCOMERCIO.ES

Joaquín Arce, funcionario de carrera que trabajaba en la Consejería de Educación entre 2000 a 2003, ha afirmado esta tarde durante el juicio del 'caso Renedo' que le comentó al expresidente del Principado Vicente Álvarez Areces que le parecía que "había mucha corrupción" en el departamento en el que trabajaba. Arce, que ha ocupado diversos cargos en la Administración, entre ellos, los de director general de Política forestal y de Presupuestos, ha explicado que Areces le pidió en ese encuentro que mantuvieron en 2002 que hiciera un informe y que se lo mandara.

El testigo ha argumentado que no le envío el informe a Areces porque no tenía pruebas que fueran "contundentes" para confirmar sus sospechas y ha indicado que no sabe si el presidente investigó lo que él le había señalado. Ha dicho que basaba todas sus sospechas en el "poder de compra" acumulado por una sola persona en la Consejería de Educación, en este caso, la directora general de Planificación y Centros, María José Otero, ya que, según ha relatado, le parecía "peligroso" que sola fuera una persona la que hablara con los proveedores.

Ha indicado que había situaciones que llamaban la atención, como que Otero despachara, indistintamente y con frecuencia, con los gerentes de las empresa Igrafo y Pumarín. Ha precisado que Otero, que era "fiel" y de "toda confianza" de su jefe, el ex consejero José Luis Iglesias Riopedre, se reunía en su despacho a puerta cerrada con algunos proveedores y les adjudicaba por la vía de la homologación contratos menores de millones de euros lo que, aunque no era ilegal, le parecía "muy raro". Ha criticado la gestión que se realizaba en la Consejería y ha admitido la posibilidad de algunos contratos se pudieran pagar por duplicado.

El ex director general ha dicho que de aquella época también sospechaba de la empresa García Rodríguez Hermanos, que llevaba material de comedor. Arce, al que el juez instructor mantuvo durante un periodo como testigo protegido, ha dicho que desconocía que desconocía esta circunstancia pero que le parecía muy bien "ante el temor de lo que podría hacer unos presuntos delincuentes" como los juzgados en esta sala, cuestión que fue reprendida por los letrados de la defensa que le apuntaron que los acusados son presuntos inocentes.

Al menos dos viajes

Antes de su declaración, fue el turno del que fuera hasta 2011 responsable de una agencia de viajes, quien ha confirmado la presunta trama de corrupción en la contratación pública asturiana, que el exconsejero de Educación del Gobierno asturiano, el socialista José Luis Iglesias Riopedre, disfrutó de al menos dos viajes que fueron costeados por dos de las empresas implicadas, Apsa o Igrafo. "Se facturó como el resto de los viajes", ha apuntado.

A preguntas de la fiscal, el extrabajador de la agencia ha explicado que se trataba de viajes que contrataba la también acusada María Jesús Otero, que era directora general de Centros y Planificación, en la consejería de Riopedre. Hubo un año en el que llegó a contratar viajes por valor de 80.000 euros, para ella y para más gente. Pagaban Apsa o Igrafo, según ha declarado.

Por la mañana fue el turno del Inspector Jefe de la brigada de delitos económicos de la Comisaría de Gijón, quien ha afirmado que "no se ha visto en ningún momento que el entonces consejero de Educación, José Luis Iglesias Riopedre, recibiese un euro ilícito", pero si se "aprovechó descaradamente" de las empresas acusadas, APSA e Igrafo, para que le dieran trabajo a su hijo.

Lo que sí ha dejado claro la investigación, según el agente, son las relaciones entre las empresas Igrafo y Nora, siendo esta última la que contrataba con Geogal, la compañía del hijo de Riopedre. Se comprobó, además, cómo algunas de las obras adjudicadas de manera supuestamente irregular a Nora se iniciaban antes incluso de su adjudicación, como el estudio de geotermía en el IES de Infiesto, donde se aportan además facturas falsas para acceder al cobro de subvenciones. También ha indicado que queda acreditado que cobraba por trabajos no realizados y que se presentaban facturas falsas y ha añadido que de las conversaciones se desprende que Riopedre tiene "bastante" interés en que se lleven a cabo las obras y estudios de geotermia en los diferentes centros educativos.

Durante su extensa declaración, de casi tres horas, ha manifestado como las intervenciones telefónicas y las cuentas bancarias fueron claves en la investigación y dejan claro un entramado de facturas falsas, adjudicaciones irregulares y relación entre parte de los acusados, siendo las empresas acusadas vínculos de unión entre algunos de los procesados, como Marta Renedo y María Jesús Otero.

El policía ha explicado que la investigación se inició a raíz de la denuncia presentada por Azucena Vega, una de las mujeres cuya identidad fue suplantada por la funcionaria acusada, Marta Renedo, para abrir una cuenta bancaria en Bankinter. En su declaración ha ratificado la que hace dos días prestó dicha mujer, asegurando que Renedo la persiguió para pedirle que retirase la denuncia.

Ha relatado que una vez investigada la cuenta bancaria conocieron que Renedo operaba en dicha cuenta con tres tarjetas y que entre 2008 y 2009 había recibido unos "250.000 euros procedentes todos ellos del Principado" y había gastos todos ellos relacionados con Marta Renedo, algunos hechos a través de sus tarjetas legales en tiendas, incluso una carnicería donde la acusada es clienta habitual o en Ibiza donde pasó sus vacaciones. Ha explicado que había por ejemplo un gasto de 45.000 euros transferidos a la cuenta de una tal Severina Blanco -otra de las mujeres cuya identidad suplantó Marta Renedo-o 23.000 a través de extracciones en cajeros utilizando para ello teléfonos de tarjetas de de prepago para un servicio de banca telefónica, ya que en esos momentos no era necesario identificar al propietario a la hora e comprar dichas tarjetas prepago. "No nos imaginábamos que una persona sola pudiese hacer eso, queríamos saber la jerarquía de las personas que estaban también implicadas", ha explicado el funcionario policial para justificar el motivo por el que solicitan poder hacer intervenciones telefónicas que les ayudaron a tirar del hilo y llegar así de un acusado a otro. Así, ha ido relatando como inicialmente conocieron que Renedo habló con "un tal Víctor -el gerente de Igrafo- que le dijo que tenía que hablar con por una supuesta investigación de una cuenta de Bankinter".

En esa conversación también escuchan a Renedo decir que "ya había podido rapiñar seis millones el fin de semana que le llevaría a Víctor lo antes posible". "Hemos escuchado cientos de conversaciones y quizás al transcribirlas puede haber pequeños errores en palabras, pero fuimos muy rigurosos", ha dicho el Policía.

El Inspector ha ido relatando como las escuchas telefónicas resultaron claves en la investigación y se ha referido algunas concretas como las intervenidas a Víctor Manuel Muñiz con la entonces directora general y también acusada, María Jesús Otero, en las que "detectaron que Otero no estaba actuando como le correspondía para su cargo, ya que daba todas las instrucciones sobre como preparar las ofertas o los presupuestos que deben poner". Ha explicado también como María Jesús Otero ponía a "amigas de confianza o familiares" al mando de sus empresas en esos momentos pero era ella quien realmente mandaba. Asimismo la acusada, según el Policía, iba a la agencia de viajes de Llanes y pedía lo que quería a cuenta de las empresas acusadas que "solo tenían que pasar y pagar". Lo mismo ocurre después con las intervenciones telefónicas de otro de los empresarios acusados, el gerente de APSA. Todas estas conversaciones dejan claro, a juicio de la Policía, todos los amaños que llevaban a cabo los diferentes implicados en la trama.

Cuentas bancarias

Otra de las líneas de investigación pasa por las cuentas bancarias al descubrir los agentes otras cuentas abiertas por Renedo con método similar a la que abrió a nombre de Azucena Vega, como las puestas a nombre de Severina Blanco y Pilar Fernández. En esta última la acusada cobró incluso una subvención de para emigrantes retornados de 1.200 euros. Así, el agente ha relatado los movimientos bancarios registrados al reflejarse en dichas cuentas ingresos en miles de euros que después sacaba a través de cajeros con el mismo método de banca telefónica. Miles de euros se reflejaban también en las cuentas de la empresa Implants Mount, creada por Renedo, donde se hacían ingresos por importantes cantidades por parte de las empresas implicadas en la trama que se juzga. Por ejemplo ha explicado como ASAC ingresó en dicha cuenta 247.000 euros y como su gerente explicaría posteriormente a la policía que esa cantidad le había sido adelantada por el Principado para un supuesto proyecto de digitalización que finalmente sería adjudicado a Implant Mount, motivo por el que Renedo le ordenó hacer el ingreso a dicha empresa.

Ha relatado también los pagos detectados a la entidad deportiva en la que jugaba la hija de Renedo, hasta los más de 310.000 euros en seis años. Los ingresos se hacían por parte del Principado pero también desde las empresas implicadas -Igrafo, APSA y ASAC-- todas ellas impulsadas por la funcionaria. En 2009, cuando la hija de la acusada deja de jugar en el club se acaban también los patrocinios de estas empresas. También ha ratificado, tal y como manifestaron anteriormente otros testigos, que Marta Renedo pidió perdón a sus superiores e incluso en una conversación telefónica con su padre tras ser detenida llegó a reconocer los hechos afirmando "falsificaciones dos, lo demás fotocopias".

Retiran acusaciones

La de este jueves es la tercera de las jornadas en las que los testigos llamados por la Fiscalía prestan declaración en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial. Ocho agentes de la Policía Ncional están citados a declarar en este jueves, cuando también se espera el testimonio del ex director general de Política Forestal Joaquín Arce. Asimismo, se espera la comparecencia de testigos de la Asociación de Vecinos de Llanes (Avall), que actúa como acusación particular.

El colectivo ha retirado la acusación contra Paz Pendás, José Villa, Isaac Ovies, José Manuel Blanco y Francisco Javier Juárez, funcionarios de Oviedo, Avilés y Mieres. La representación de Podemos, también acusación particular, mantiene la acusación "por el momento", pero si modifica su postura podrían quedar libres de este procedimiento.

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