El contable de APSA afirma que las facturas falsas «nos las pedían en todas las regiones»

Alfonso Carlos Sánchez, dueño de la extinta APSA. /
Alfonso Carlos Sánchez, dueño de la extinta APSA.

Asegura que su jefe admitió haber comprado coches por orden de Otero porque «eran oficiales y la consejería no tenía presupuesto»

RAMÓN MUÑIZGijón

Durante 14 años fue director financiero de una empresa colosal, capaz de suministrar en un año muebles valorados en 24 millones «y tener más de la mitad sin cobrar». La Administración, ya se sabe, «tarda en pagar pero paga; había ayuntamientos que nos debían desde hacía cinco años». Ese aguante era una marca de la casa, una «obsesión de don Ceferino», el fundador, «el que mandaba de verdad» en Almacenes Pumarín S. A. (APSA). El testigo, Ovidio S., explicó ayer en la Audiencia que el jefe falleció en 2008, cediéndole en herencia a su hijo Alfonso Carlos Sánchez una fórmula que creía de éxito y hoy le tiene en el banquillo de los acusados del caso Renedo.

El motivo es que la estrategia empresarial violentaba el Código Penal en varios artículos. En dos causas paralelas Sánchez ya ha sido condenado al pago de 6,6 millones y pasar siete años y nueve meses en prisión; sus delitos serían defraudar a la Agencia Tributaria y prolongar la vida de la empresa cuando ya no tenía caudales para hacer frente a los pagos.

Los enjuagues de los que ayer habló el testigo son de otro tipo, de los que se hacen en provecho ajeno. Si el cliente tiene la razón, y además es la Administración,«nos fiamos de él, claro», adujo. Así pasaba por ejemplo con las conocidas como facturas falsas: «Existían en todas las comunidades autónomas; al final del año querían agotar el presupuesto y nos pedían facturas por conceptos genéricos. Luego, el ejercicio siguiente, hacían pedidos que podían corresponderse con lo facturado o no».

La mayoría de los testigos tienen un habla parecido, tan abundante en pecados como parco en pecadores. Ovidio S. en cambio se distinguió por los dardos que lanzó directamente a María Jesús Otero, la ex directora general de la Consejería de Educación.

Lo hizo al analizar los cinco cheques que APSA libró para abonar 163.950 euros a un concesionario por cuatro Audis y un Polo. «Cuando salió aquello a la luz, lo analizamos, vimos que los pagos estaban ahí, y Alfonso nos dijo que se lo mandaron hacer desde Educación, Otero, que era el pago de unos vehículos oficiales para el que no tenían presupuesto». El heredero de APSA formó un gabinete de crisis con sus directivos para explicarles esa y otras anomalías. «Nos dijo que María Jesús le encargó también viajes porque la consejería no tenía presupuesto; no pensábamos que fueran para ningún particular», dijo.

La letrada de Otero protestó, hizo ver que el testigo no estaba presente en las charlas que su cliente tuvo con Alfonso, que hablaba de oídas. Ovidio S. admitió el hecho, pero reiteró su impresión: «Nos engañaron, todos quedamos sorprendidos».

Menos contundente fue el testigo al abordar una de las operaciones más ruinosas de su empresa, y que tuvo por protagonista a Ernesto Iglesias, el hijo del consejero. En junio de 2009 APSA pagó 118.600 euros a la empresa Tecoinsa por una sonda rotativa que le fue entregada directamente a Ernesto. Cuatro meses después el cliente solicitó que se lo cambiaran por un modelo superior.APSA adquirió una segunda máquina, por 208.800 euros, si bien el fabricante le descontó 95.000 euros a cambio del primer equipo.

«No nos dedicábamos a los sondeos», admitió el directivo. ¿Fue aquello un regalo al hijo del consejero? «No lo sé; se le facturó y hubo problema para cobrar, porque no tenía solvencia para ello; cuando me fui, creo que estaba pagándolo a plazos».

 

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