La Audiencia Provincial respalda la publicación de las escuchas del 'caso Renedo'

Considera que la noticia de ELCOMERCIO.es «no supone vulneración del secreto procesal alguno» y desestima la protesta de Iglesias Riopedre

RAMÓN MUÑIZ

La Ley de Enjuiciamiento Criminal avala el derecho de un medio de comunicación a publicar las conversaciones que forman parte de un sumario cuando ya se ha abierto la fase del juicio oral. Este es el criterio que ha dejado sentado la Audiencia Provincial en un auto del 'caso Renedo' que desestima una queja del abogado de José Luis Iglesias Riopedre y respalda la información ofrecida por ELCOMERCIO.es

El 7 de mayo este periódico publicó en su web y en exclusiva trece escuchas claves para seguir el juicio. En las sesiones, los abogados de la acusación y la defensa venían refiriéndose a las mismas de forma recurrente. En ellas el empresario de Igrafo, Víctor Manuel Muñiz, le indica al exconsejero de Educación que su intención es «sugerirte dónde nos puedes encargar los estudios» y que para lograr un encargo trabajará para que «la petición de precios sea a tres empresas que tengamos nosotros». En otras, Iglesias Riopedre ordena a su subordinada, María Jesús Otero, que reparta «siempre entre Igrafo y Pumarín».

El 9 de mayo el letrado del exconsejero, Sergio Herrero, formuló una queja recordando que la sala dedicará varias sesiones del mes de julio a escuchar las conversaciones. Según sostuvo, hasta que los jueces no reproduzcan en la sala los archivos, pesa sobre quien tenga ese material la obligación de guardarlo en secreto. «Salvo error por nuestra parte esas grabaciones no han sido facilitadas por este tribunal para su difusión pública, ni la han autorizado de ninguna forma a nadie», indicó Herrero. El abogado propuso iniciar una investigación penal, criterio al que se adhirieron la Fiscalía, el Principado y Marta Renedo, y contra el que se manifestaron Avall, Podemos, el Partido Progresista de Belmonte y parte de los acusados.

La Sección Segunda ha rechazado la pretensión, recordando que el artículo 649 de la citada ley marca que «desde que se dicte resolución mandando abrir el juicio oral serán públicos todos los actos del proceso». El artículo 301 agrega que las diligencias del sumario «serán reservadas y no tendrán carácter público hasta que se abra el juicio oral». En consecuencia, la Audiencia acuerda que «no se aprecia que la publicación de las grabaciones (...) haya supuesto la vulneración de secreto procesal alguno y, por lo tanto, no procede dar cuenta de ello al Juzgado de Instrucción ni iniciar actuaciones en esta Sala». La decisión es susceptible de recurso de súplica.

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