La fiscal concluye que Igrafo y APSA pagaron con dinero público sus regalos a Riopedre

Abogados de la acusación y la defensa, antes de iniciar el juicio. De izquierda a derecha, José Carlos García, Antonio Pineda, Esteban Aparicio; detrás Sergio Herrero y José Joaquín García. /
Abogados de la acusación y la defensa, antes de iniciar el juicio. De izquierda a derecha, José Carlos García, Antonio Pineda, Esteban Aparicio; detrás Sergio Herrero y José Joaquín García.

Lamenta que sea «imposible» determinar el fraude cometido y solicita 57 años de prisión para los seis acusados principales

RAMÓN MUÑIZ

José Luis Iglesias Riopedre, consejero de Educación durante siete años, y su 'número dos', María Jesús Otero, dieron un continuado trato de favor a las empresas Igrafo y APSA, llegando el primero a firmar expedientes ficticios «a sabiendas de su ilegalidad», y todo ello «con claro perjuicio a la Administración del Principado». Hasta ahora «ha sido imposible determinar» el daño que habrían causado al erario público, aunque sí hay idea del provecho personal que pudieron obtener. Solo entre 2006 y 2009, los principales proveedores de la consejería pagaron regalos y dádivas a Otero por valor de 2,5 millones y 158.904,34 euros en viajes y bienes para el consejero y su hijo.

Lo que antecede son las conclusiones definitivas que ayer esbozó Carmen Rodríguez, la fiscal del 'caso Renedo'. Después de tres meses y medio de interrogatorios, llegó el momento en el que, con cara de fastidio, los 13 acusados en esta trama de corrupción escucharon las condenas que proponen para ellos el Ministerio Fiscal, el Principado, y las otras cuatro acusaciones.

El trámite permitió a la fiscal incorporar una novedad a su relato de los hechos. Rodríguez considera que ahora se sabe exactamente de dónde provenía el dinero que Igrafo y APSA emplearon en agasajar al consejero y su directora general. «Parte corresponde con regalos percibidos por este trato de favor, parte se trata de dinero no gastado de los presupuestos de la consejería que percibían las empresas (...) con obligación de invertirlo en material y servicios que precisara la consejería al año siguiente pero que, en realidad, era invertido en beneficio particular de los procesados». Existiría una tercera fuente de financiación de los cohechos: «Otra parte se correspondía con sobrecostes de los servicios efectivamente prestados a la administración, que luego era repartido entre los procesados».

Tal y como avanzó EL COMERCIO, la fiscal mantiene que la sentencia debe condenar al consejero y otros seis acusados a penas que suman 57 años de cárcel, y oscilan entre los tres y los once. La peor petición la dirige a Otero, con once años y medio, uno más que a su jefe, y uno y medio peor que la propuesta para Marta Renedo.

El Principado, por su parte, asumió «íntegramente» el relato de la fiscal, salvo en un punto. Mantiene que la consejería no entregó sobrantes del presupuesto anual a las empresas para su uso en ejercicios posteriores. Sus conclusiones solicitan que Riopedre, Otero, Renedo, y los empresarios Víctor Muñiz, Alfonso Sánchez, Maximino Fernández y Antonio Azorín le devuelvan el dinero, pero deja en manos de los jueces que pongan la cifra apropiada para ello.

Las peores condenas se están solicitando para Otero, cuya abogada defensora, Ana Muñiz, negó la mayor: «Mi clienta no se quedó con nada». Sostiene la letrada que no hay pruebas de los regalos que dicen que recibió y que, en caso de duda, hay que aplicar el principio que favorezca al acusado. «Una cosa son las facturas falsas y la contabilidad defectuosa de las empresas», que habrían llevado a pensar que Otero recibió un sinfín de bienes que «en realidad eran para la consejería». Muñiz lamenta que «en este 'totum revolutum', lo fácil, lo que parece que vale, es decir que es de Otero a ver si nos la llevamos por delante». La abogada recordó que la representante del Principado «hizo a mi clienta 200 preguntas, y 20 a Riopedre; se busca que pague alguien que no esté dentro del partido».

«Como si fuera un asesinato»

Al igual que Otero, otros once acusados mantuvieron su inocencia. La única que reconoció parte de los hechos es Marta Renedo, quien, subsidiariamente, está dispuesta a asumir un cohecho continuado, proponiendo eso sí que quede saldado con seis meses de prisión. «Es que aquí hay gente pidiendo condenas como si esto fuera un asesinato», se quejó su letrado, José Carlos García. El representante de la funcionaria reconoció que su defendida recibió dinero de una cuenta abierta en Bankinter a nombre de Pilar Fernández, una argentina cuya declaración por videoconfedernacia estaba programada ayer. El letrado, sin embargo, era el único que propuso su interrogatorio y ayer renunció al mismo, por lo que no hubo de celebrarse.

El trámite de conclusiones permitió a la Asociación de Vecinos y Amigos de Llanes (Avall), aproximar sus peticiones a las de la fiscal, hasta proponer condenas que suman 54 años y medio. El Partido Progresista de Belmonte se adhirió a este criterio, mientras que Podemos eleva a 158 años las privaciones de libertad, en parte por ser el único que mantiene su acusación contra 13 procesados.

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