«Otero lo amagüestaba todo y le pueden caer diez años, a nosotros diecisiete»

En primera fila Antonio Azorín, José Luis Iglesias Riopedre, Alfonso Carlos Sánchez e Isaac Ovies. Detrás, Marta Renedo, María Jesús Otero, Víctor Muñiz, Francisco Javier Juárez,Braulio Iglesias, Maximino Fernández y José Villa. Al fondo de la sala, Paz Pendás. /
En primera fila Antonio Azorín, José Luis Iglesias Riopedre, Alfonso Carlos Sánchez e Isaac Ovies. Detrás, Marta Renedo, María Jesús Otero, Víctor Muñiz, Francisco Javier Juárez,Braulio Iglesias, Maximino Fernández y José Villa. Al fondo de la sala, Paz Pendás.

La lectura de los informes finales en el juicio del 'caso Renedo' desata la tensión de las empresas, que temen más penas que los políticos

RAMÓN MUÑIZ

Momento de echar el resto, de escarbar en los seis años y medio de proceso que acumula el 'caso Renedo' para recordar esta prueba o aquella declaración que pueden arrimar la sentencia al interés propio. La Audiencia Provincial inició ayer la fase de las conclusiones, dando la palabra a las acusaciones y a la defensa de Alfonso Carlos Sánchez Sánchez, el dueño de Almacenes Pumarín S. A. (APSA). Cuando ya no queda nada que perder, los discursos se echan al monte, vuelan los dardos, y en la sala mueren las últimas lealtades.

La fiscal del caso, Carmen Rodríguez, inició el ritual demostrando que puede pedir la condena de los principales acusados y a la vez dar un rapapolvo a la Administración. Lo hizo al hablar del empresario Maximino Fernández, a quien acusa de haber cobrado 248.000 euros del erario que en su mayoría luego transfirió a la funcionaria Marta Renedo. «En su defensa alegará que no existe expediente público de esa operación, pero es irrelevante, porque hemos observado un caos contable en el Principado, donde tampoco apareció la documentación del pago a otras empresas, en otros expedientes hay documentos duplicados y otros no aparecen», reprochó. También se vio obligada a renunciar a las pruebas encontradas en el despacho que ocupaba Renedo en su consejería, al reconocer que una vez se la destituyó «se rompió la cadena de custodia durante cuatro días, y no sabemos si entró ahí gente o no».

Las críticas no apartaron a la fiscal de su objetivo. Recordó las periciales caligráficas que apuntan a que Renedo falsificó la firma de sus superiores y compañeros, concluyó que de esta forma y desde el año 2003 se cobró alrededor de un millón «a cambio de nada». Sobre lo sucedido en la Consejería de Educación, sostuvo Rodríguez que los testigos demostraron que «en la práctica era María Jesús Otero la que controlaba absolutamente todo, las obras que se harían, los precios, las empresas, y luego la mesa de contratación se limitaba a aprobar lo que les venía preparado».

En su defensa, el propio exconsejero José Luis Iglesias Riopedre había alegado lo mismo, que él tenía delegados esos asuntos. Las intervenciones telefónicas le retratan en cambio «participando activamente, repartiendo trabajos entre empresas, discutiendo el importe de lo que éstas le iban a pagar a su hijo... estaba al tanto de todas estas irregularidades», dijo la fiscal.

Rodríguez reiteró que el titular de Educación «firmó tres expedientes falsos, a sabiendas de que lo eran». También invocó a quien hubiera sido una de sus principales testigos de cargo, la fallecida Gloria González Baschwitz, en tiempos, coordinadora de obras en la consejería: «Nos habría dicho aquí lo que dijo en comisaría, que los técnicos eran contrarios a los sondeos de geotermia que hacía el hijo del consejero, pero que era un empeño personal de Otero y Riopedre».

Juntos, a juicio de la fiscal, habrían perpetrado «múltiples irregularidades» para favorecer con contratos públicos a Igrafo y APSA, prácticas que reportaron «pingües beneficios» a todos. Otero recibió «ingentes cantidades de dinero» y el consejero «no tuvo ingresos en sus cuentas, pero por el hijo hizo de todo y el hijo recibió todo tipo de regalos de estos empresarios». Parte de ese dinero con el que se favoreció al familiar procedería de sobrantes del presupuesto entregados por la consejería a las empresas, o sobrecostes aplicados directamente por éstas.

Diez años y medio de prisión

La fiscal solicita una condena de once años y medio de prisión para Otero, diez y medio a Iglesias Riopedre, diez para Renedo, nueve para el dueño de APSA y el socio de Igrafo, otros cuatro más para Maximino Fernández y tres para Antonio Azorín, el empresario que subcontrataba al hijo del consejero. El Principado hace suyas estas peticiones, pero ayer quedó claro que desde una óptica distinta. Rodríguez asumió por ejemplo que «son penas altas», pero las justificó por responder a «delitos continuados y por la gravedad de los hechos». Lejos de hacerse cargo de esa severidad, Isabel González Cachero, la letrada del Principado, optó por el rigor: «Consideramos que la sentencia tiene que ser condenatoria y dura».

El relato del Principado parte también de que «la que tomaba las decisiones, materialmente, era Otero», pero carga también contra Riopedre: «Intentó introducir la geotermia en los colegios e institutos de la región, y el interés por ella era en realidad el interés por solucionar los problemas de la empresa del hijo del consejero». González Cachero observó que en las escuchas el consejero «da órdenes, discute precios, avanza obras de geotermia, actúa más como gerente de la empresa del hijo que como consejero».

«La estructura de la propia dirección general permitía que Otero fuera Dios, y que utilizara todo ese poder para enriquecerse personalmente, y vemos al consejero preocupado por la marcha de la empresa de su hijo», señaló. Con todo, la letrada del Principado dedicó sus mayores esfuerzos a arremeter contra Renedo y limpiar el nombre de la Administración.

Comenzó la abogada hablando de «la imposibilidad de que los superiores de Renedo pudieran saber de sus irregularidades». Discrepó de la fiscal al decir que «ha resultado acreditado que el Principado no emite facturas falsas ni usa incorrectamente los remanentes de tesorería», y mantuvo que la custodia del despacho de Renedo fue correcta, «con el procedimiento habitual». «Esto de que el Principado es un caos total ha quedado desmontado con los documentos de la causa», zanjó.

González Cachero lamentó el «circo mediático alimentado» por Renedo y consideró que «todo lo doy por bien sufrido al demostrarse que no había ninguna manta de la que tirar, ni facturas falsas, ni ordenes ilegales». La abogada recordó que los 'pinchazos' al móvil de Renedo la sorprenden reconociendo a sus amigos que hizo «una chorizada», que se lucró, que «no lo sabía nadie». «Frente a este actuar tenemos a 25.000 funcionarios que trabajamos diariamente al servicio de la ciudadanía», reivindicó la representante de la Administración.

A continuación Esteban Aparicio, por parte de la Agrupación de Vecinos y Amigos de Llanes (Avall), recordó que el Principado «empezó este juicio diciendo que gastó casi 90 millones en muebles que no saben donde están, pero que seguro que están, algo patético». El letrado confió que tras tanto tiempo en el caso «piensas en el hijo enfermo de uno, los traumas de infancia de Otero, que Renedo tiene una personalidad fabuladora, pero al final es que lo que hicieron es lo peor que puede hacer un funcionario: prevaricar, dictas resoluciones injustas a sabiendas, y luego además llevárselo». Aparicio dio por probado que el 8% del dinero que Educación pagaba a Igrafo «se iba luego a la empresa del hijo del consejero».

«Al final Riopedre era el que dirigía esta trama casi mafiosa, y Otero era su lugarteniente, su 'consiglieri'», describió Alberto Suárez, por parte de Podemos.

Al contrataque

El abogado de la defensa Javier Díaz Dapena se encargó de romper la dinámica, planteando un relato contrario. «Pido que deduzcan testimonio contra cuatro testigos y peritos que han venido aquí a mentir a la sala», clamó el representante de Alfonso Carlos Sánchez, de APSA. «Solicito clemencia, que sean generosos señorías, a María Jesús Otero, que fue quien lo amagüestó todo, le pueden caer diez años de prisión y a nosotros 17; la justicia también es equidad», abundó tras dos horas de conclusiones.

Díaz expuso que Otero entregaba dinero a la empresa y luego exigía su reinversión en bienes «que considerábamos que eran para la consejería, nos engañó». El letrado afirmó que el juego con los sobrantes presupuestarios «se sigue haciendo, y lo triste es que con Otero las cosas al menos funcionaban; el sistema imponía corruptelas, pero no delitos».

Contenido Patrocinado

Fotos

Vídeos