«El Principado pide prisión para terceros, como en el estalinismo»

Riopedre, llegando a la Audiencia Provincial /
Riopedre, llegando a la Audiencia Provincial

El abogado del gerente de Igrafo sostiene que «la policía investigó a un consejero cuando era persona aforada» | El encargado de la defensa de Marta Renedo acusa al Principado y Podemos de haber evitado un acuerdo «por su pelea política» y pide que se investigue a la Administración regional por «obstrucción a la justicia y desobediencia» | La Audiencia Provincial ha programado una nueva sesión del juicio por el 'caso Renedo' para el viernes

RAMÓN MUÑIZOVIEDO

El Miguel Valdés-Hevia, encargado de la defensa de Víctor Manuel Muñiz, gerente de la empresa Igrafo, ha expuesto sus conclusiones en la sesión del juicio por el 'caso Renedo' que se ha celebrado este miércoles en la Audiencia Provincial y que ha comenzado con una dura intervención del letrado de Marta Renedo, José Carlos García Hernández, contra el Principado y el procedimiento seguido. Valdés-Hevia no se ha quedado atrás: "Para salvar su responsabilidad, el Principado pide prisión para terceras personas, como en las dictaduras estalinistas", ha dicho.

El abogado ha afirmado también que Muñiz no tenía despacho en la empresa y que no ha podido defenderse "con igualdad de armas" y que "la policía investigó a un consejero cuando era persona aforada", apuntes con los que trata de poner de relieve presuntos defectos de forma que tumben la causa.

La exposición de Valdés-Hevia se enmarca en una sesión en la que parte de las defensas se han conjurado para convertir la penúltima sesión de este macrojuicio en un ataque constante al Principado, desvelando incluso detalles hasta ahora secretos de las negociaciones mantenidas durante año y medio para cerrar un acuerdo con el que evitar el juicio. El primero en verbalizar esta estrategia ha sido el abogado de Renedo, quien reprochó al Principado y a Podemos la celebración del juicio: Por una razón política, es una vergüenza lo que ha hecho el Principado, y Podemos, por su pelea política nos comemos cuatro meses de juicio. Por su pelea política no podemos llegar a acuerdo y esto solo ocurre en las dictaduras. Cuando la interferencia del poder político es tan fuerte estamos en una dictatura.

Esta resistencia al acuerdo tiene consecuencias. Según informa, Renedo ofrecía devolver parte del dinero del que se apropió entregando el piso que compró en el centro de Oviedo, gestión hoy imposible. Había una carga hipotecaria y el Principado ha preferido que se ejecute a que se le devuelva el dinero; es la primera vez que veo que una Administración prefiere pedir cárcel a recuperar el dinero. Tendrán que justificarlo ante sus electores.

El defensor solicita a la Audiencia Provincial que abra una investigación contra el Principado por obstrucción a la Justicia y desobediencia dado que no habrían aparecido una serie de expedientes solicitados hace cuatro años. O los han robado, o los han hecho desaparecer, agrega. Además recuerda que parte de la acusación que pesa sobre Renedo se funda en los supuestos delitos cometidos en la Consejería de Cultura, basados en un informe pericial que aquí no se ha ratificado, y basado solo en fotocopias; es una base muy débil.

Los derechos de su clienta se habrían vulnerado porque debía ser juzgada por un jurado popular, pero en este país hay poca confianza en el jurado popular. Además, la policía grabó sus conversaciones con su primer abogado (provocando una metástasis que contaminaría todo el caso) y el Principado trató de incluir como pruebas elementos supuestamente localizados en su despacho, sin que se hubiera custodiado debidamente la dependencia.

El representante de Marta Renedo solo admite haber cometido un delito de cohecho impropio por el dinero que su clienta recibió desde las cuentas abiertas a nombre de Severina B. y Azucena B., pero siempre negando que fuera ella la que usurpó las identidades de ambas mujeres. Mi teoría es que hay un montón de cuentas abiertas en el Principado que se usan para sus regalitos, manejos, y desvíos.

57 años de prisión para 13 acusados

La Fiscalía, por su parte, mantuvo la semana pasada la petición total de 57 años de cárcel que afecta a siete de los 13 acusados del juicio, entre ellos el ex concejero de Educación, José Luis Iglesias Ripedre (diez años), la ex directora general de Centros, María Jesús Otero (once años), y la funcionaria Marta Renedo (diez años).

Entre las principales modificaciones de su petición, la Fiscalía ha señalado que Marta Renedo habría sustraído un total de 1,8 millones de euros a la Administración autonómica y que habría recibido una cantidad superior a los 380.000 euros de las empresas Igrafo y Almacenes Pumarín, dirigidas por los también procesados Víctor Manuel Muñiz y Alfonso Carlos Sánchez.

Asimismo, la Fiscalía concluye que el importe de lo percibido por la procesada María Jesús Otero del procesado Alfonso Carlos Sánchez, "tanto en efectos como en talones, cheques o facturación de servicios, ha sido cuantificado por la Agencia Tributaria en 1.094.841 euros. La cantidad percibida del procesado Víctor Manuel Muñiz es superior a 630.000 euros".

Apunta también que "el importe de las liberalidades y pagos realizados por Alfonso Carlos Sánchez supera la cantidad de 1.200.000 euros a los procesados Marta Renedo, María Jesús Otero y José Luis Iglesias. El importe de las liberalidades/pagos realizados por Víctor Manuel Muñiz a los procesados Marta Renedo, María Jesús Otero y José Luis Iglesias, supera la cantidad de 900.000 euros".

Así pues, la Fiscalía también mantiene la petición de 9 años de cárcel para Víctor Manuel Muñiz y Alfonso Carlos Sánchez, cuatro años para Maximino Fernández y tres para Antonio José Azorín Iglesias.

La de esta mañana no será la última la sesión del juicio. La Audiencia ha optado por programar una sesión el viernes, de mañana y tarde, advirtiendo a los letrados de que en caso de no terminar ahí, se continuará en "la primera o segunda semana de agosto".

 

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