«El Gobierno no pide ni un día menos de pena para los acusados ni renuncia a ninguna cantidad»

El consejero de Presidencia descarta posicionarse sobre la última fase del juicio por el 'caso Renedo' y remite a las conclusiones ya expuestas por la abogada del Principado

EFE

El portavoz del Gobierno asturiano, Guillermo Martínez, ha evitado hoy pronunciarse sobre las conclusiones que defensas y acusaciones elevan estos días en el macrojuicio por el 'caso Renedo', si bien ha resaltado que como acusación particular no ha reducido ni un día ni un euro las penas solicitadas para los principales acusados. A punto de que la sección tercera de al Audiencia Provincial de Oviedo finalice el proceso en el que se juzga la presunta trama corrupta dedicada a la adjudicación de contratos públicos desde la administración del Principado, destapada en 2010, Martínez ha defendido la actuación del Gobierno regional "sin entrar a opinar para no interferir".

"La abogada del Principado fue clara y contundente", ha señalado el consejero de Presidencia en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno, en referencia a los 57 años de pena que ha pedido, los mismos que el fiscal, para siete de los trece procesados. La letrada del Principado, Isabel González, reclamó el lunes una sentencia "condenatoria y dura" para los acusados y defendió la actuación de los trabajadores de la administración autonómica al asegurar que el que se está juzgando es un hecho aislado.

Martínez ha resaltado la defensa que la letrada hizo de los miles de empleados de la administración pública y ha recordado que mantuvo las penas, incluida la de diez años y medio que pide para el exconsejero de Educación, José Luis Iglesias Riopedre. "El Gobierno, a través de sus servicios jurídicos, no pide ni un día menos de pena para los acusados ni ha renunciado durante este tiempo a ninguna cantidad de las reclamadas", ha subrayado.

El Principado pide para la ex directora general de Educación María Jesús Otero once años y medio, para Riopedre diez años y medio, y para la exfuncionaria Marta Renedo, diez años, mientras que para los gerentes de la empresa Igrafo, Víctor Manuel Muñiz, y el de Almacenes Pumarín, Alfonso Carlos Sánchez, pide sendas penas de nueve años de cárcel. Para Maximino Fernández, de Asac Comunicaciones, reclama cuatro años y otros tres para Antonio José Azorín, de Nora Proyectos e Ingeniería.

Martínez ha recordado también que la administración asturiana no quiso llegar a ningún tipo de acuerdo, ni individual ni mancomunado, con los acusados y que el Gobierno no tiene nada que ocultar sobre este caso.

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