Piden ocho años de cárcel a los dueños de Igrafo por defraudar a Hacienda

El abogado Miguel Valdés-Hevia, junto al empresario Víctor Manuel Muñiz Menéndez. /
El abogado Miguel Valdés-Hevia, junto al empresario Víctor Manuel Muñiz Menéndez.

Víctor Muñiz, empresario acusado en el 'caso Renedo', volverá a sentarse en el banquillo, en otro juicio con Otero y Renedo de testigos

RAMÓN MUÑIZ

Hace siete años que una ciudadana gijonesa puso la denuncia que destapó el 'caso Renedo', una trama de corrupción a la que todavía le quedan capítulos por escribir y en la que los empresarios implicados van a ser los peor parados. Además de sentarse en el banquillo en la causa principal, la entrada y registro en sus sedes permitió a la policía y los peritos de la Agencia Tributaria descubrir cómo supuestamente llevaban años evadiendo impuestos.

El fraude fiscal presuntamente cometido por Comercial de Papelería Asturiana S. A. (Igrafo) se depurará en el Juzgado de lo Penal número 3 de Oviedo a partir del 22 de mayo, durante sesiones programadas a lo largo de cuatro días. Está acusado Víctor Manuel Muñiz Menéndez, al que se considera administrador de hecho de la sociedad. La novedad ahora es que junto a 'el pajarita' se sentará su hermano, José Roberto, administrador único en el momento de los hechos. M. G. G., el tercer fundador de la compañía, queda fuera al aceptarse que ya estaba apartado de la actividad.

A los hermanos Muñiz se les responsabiliza de cinco delitos contra la Hacienda Pública, de los que tres son por el impuesto de sociedades de los ejercicios de 2006 a 2008, y los otros dos por la declaración del IVA en 2007 y 2008. El Ministerio Fiscal pide para cada uno de ellos una condena de seis años y tres meses de prisión y multa de 1,28 millones, además de indemnización conjunta y solidaria a la Hacienda Pública de otros 1,28 millones. El Abogado del Estado va más allá, y reclama privación de libertad de unos ocho años por procesado. Las defensas de los empresarios proponen en cambio la libre absolución.

En las vistas orales declararán una quincena de testigos, entre los que se cuentan la funcionaria Marta Renedo, la ex directora general María Jesús Otero, o Ernesto Iglesias, el hijo del exconsejero José Luis Iglesias. Según el informe pericial elaborado por la Agencia Tributaria, todos habrían recibido lo que describe como «atenciones o liberalidades», esto es, favores materiales con cargo a la empresa y que no estarían relacionados con su objeto social. Igrafo los contabilizó como gastos propios de empresa, lo que le redujo su cuota tributaria, algo que el fisco considera inadmisible. El listado identifica a Otero como la principal beneficiaria, con obras en sus viviendas, negocios afines, joyerías, comidas y viajes, por valor de 1,2 millones. En el sumario principal, la letrada de la ex directora general consideró «exageradas» unas sumas que convertirían a su clienta en alguien que sacaba más provecho de la empresa que los propios socios.

El juicio por delito fiscal tiene otra pata. En las oficinas de Igrafo se encontraron documentos con indicios que apuntan a la existencia de una contabilidad B, esto es, ventas al contado que no se declaraban. Los dueños obtenían así dinero negro por el que no pagaban impuestos.

Una cotizada agenda

Víctor Muñiz tiene 68 años y, hasta la redada que sacó el caso a la luz, era un emprendedor muy respetado en la región, que comía y se entrevistaba con consejeros, directores generales, ediles y funcionarios de toda la región, tal y como probó su agenda y los 'pinchazos' a su teléfono. La investigación sorprendió a Igrafo con una deuda viva de 7,2 millones, y le provocó un daño reputacional que le dejó sin el sostén de los bancos.

Uno de los fuertes de la empresa era que suministraba material y aguantaba largas temporadas sin cobrar. La cancelación de las líneas de crédito que le daban músculo financiero terminó forzando su liquidación en un concurso de acreedores que fue declarado «fortuito». Es decir, no provocado por una administración desleal o temeraria. El administrador concursal y el fiscal estuvieron de acuerdo con esa calificación; cuando quisieron reconsiderarla por los indicios surgidos en el proceso principal, el magistrado les denegó la oportunidad al haber expirado los plazos. La compañía contaba con medio centenar de trabajadores, a los que se les pagó con cargo a la caja de la sociedad, sin tener que acudir al Fondo de Garantía Salarial (Fogasa).

Muñiz está en libertad provisional, pendiente de conocer la inminente sentencia del 'caso Renedo', donde el fiscal pidió para él nueve años de prisión y 1,9 millones de multa por cohecho y falsificación.

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