El Principado cambiará la ley para que los bares puedan albergar conciertos

Por la izquierda, Frank Delgado, Mapi Quintana, Isabel Muñiz, Jorge Otero, Nacho Vegas y Toli Morilla, ayer, en el Antiguo Instituto de Gijón. Tras ellos, la petición que ha conseguido reunir más de 14.300 firmas. /
Por la izquierda, Frank Delgado, Mapi Quintana, Isabel Muñiz, Jorge Otero, Nacho Vegas y Toli Morilla, ayer, en el Antiguo Instituto de Gijón. Tras ellos, la petición que ha conseguido reunir más de 14.300 firmas.

El Ayuntamiento de Gijón anuncia que revisará su ordenanza el mismo día en el que se presenta la Plataforma por la Música en Directo en Asturias

A. VILLACORTA / I. VILLAR GIJÓN.

«El cambio legislativo que pedíamos ya está en marcha. El director de Justicia e Interior del Principado nos ha invitado, incluso, a comprobar que la tramitación del expediente es un hecho». Jorge Otero, cantante y guitarrista de Stormy Mondays, fue el encargado de anunciar ayer, en el Centro de Cultura Antiguo Instituto de Gijón, que, tras varios meses de reuniones, los músicos asturianos han conseguido lo que reclamaban: «Que la ley del Principado permita los conciertos en los bares».

«Lo que se eliminará es que puedas poner un disco a todo volumen pero no puedas tocar la flauta. Lo demás no cambia», tranquilizó Otero a las asociaciones vecinales en pie de guerra (como la del Oviedo Antiguo), explicándoles que se mantendrán invariables otros requisitos como el aforo de los locales, las normas de seguridad, los horarios y el límite sonoro, fijado en 90 decibelios, el equivalente al ruido que provoca un atasco. «Al fin y al cabo, vecinos somos todos».

«Un bar sin música, solo con gente hablando, ya alcanza los setenta», argumentaron durante la presentación de la Plataforma por la Música en Directo de Asturias (PMDA), que agrupa también a diseñadores como Paco Currás y a hosteleros como Isabel Muñiz (de 'La vida alegre') o Frank Delgado, al frente del Ca Beleño, el templo del folk ovetense que desencadenó «todo este tinglado». Fue «tras 40 años» de relativa tranquilidad en los que los ayuntamientos asturianos hacían la vista gorda cuando a su propietario le exigieron el pasado agosto una licencia para música en vivo «que en realidad no existe». «Una prohibición inesperada que ponía en jaque la música en directo en toda Asturias», resumió Delgado.

Porque esa es otra, precisó Nacho Vegas: «Después, cada ayuntamiento tiene sus propias ordenanzas». Pero también en ese terreno los músicos marcaron ayer tarde «un gol» por la escuadra «que no suele ocurrir, será que la música amansa a las fieras», según la metáfora utilizada por Toli Morilla. Y es que el Pleno municipal de Gijón acordaba por unanimidad iniciar la revisión de la ordenanza del ruido para facilitar la música en vivo en los locales de hostelería. Un acuerdo que llegaba «después de que el Ayuntamiento de Navia también se pronunciase a favor de la música en directo, al igual que la vicealcaldesa de Oviedo, Ana Taboada».

Para ello, se formará un grupo de trabajo en el que participarán tanto el colectivo de músicos como las organizaciones empresariales de hostelería y la Federación de Asociaciones de Vecinos de la zona urbana (FAV).

La Corporación gijonesa instó, además, al Gobierno regional a modificar la normativa que regula el catálogo de espectáculos y actividades recreativas para permitir las actuaciones en directo en estos establecimientos, vetadas en 2002 por «un error» de la Ley de Espectáculos Públicos y Actividades del Principado.

Esa norma situó a los bares como «locales con música amplificada» y los colocó fuera de la categoría de los habilitados para «espectáculos públicos y culturales», en los que sí entran espacios tan variopintos como circos, plazas de toros, cafés-teatro, salas de baile, tablaos flamencos o discotecas.

O lo que es lo mismo: en Asturias, noventa decibelios están bien siempre que salgan de un reproductor de sonido, pero no de una actuación en vivo. Sí a los altavoces, pero no a las voces o las guitarras en directo.

La normativa vigente supone que la música en directo «sea ilegal en cualquier bar de Asturias, por más que esté insonorizado y tenga licencia para música amplificada». Y, contra esa «discriminación» flagrante, acaban de unir sus fuerzas los músicos asturianos, que también pusieron en marcha una petición en Change.org que ayer ya habían firmado más de 14.300 personas.

La prohibición no es baladí y los promotores de una causa que cuenta también con el impulso de las asociaciones de hosteleros, la Asamblea de Música de Oviedo o la Caja de Músicos de Gijón explicaron que la reivindicación no se limita a los bares, si no que «el problema afecta a más tipos de locales». Por ejemplo, a las sidrerías y a sus cancios, en horas bajas.

Y, así, la Asociación de Hosteleros Gascona Bulevar de la Sidra apoya su petición y les ha trasladado «su preocupación al darse cuenta de que realizar diversas actividades como los cantares de chigre o las amenizaciones con gaita son ilegales». Así que la demanda es clara: «Cualquier tipo de local de los incluidos en el epígrafe 'hostelería y restauración' debería poder organizar espectáculos musicales sin necesidad de autorización especial» y, «por pura lógica y para prevenir problemas, los espectáculos teatrales también deberían estar permitidos». O la presencia de menores en los conciertos, que «no van allí a beber». Todo se andará «paso a paso».

De lo contrario, argumentó Nacho Vegas -que se congratuló porque «los músicos, que tradicionalmente adolecen de un espíritu colectivo y que deben vencer muchos egos»- serán equiparados «a criminales y delincuentes»: «Lo siguiente será que venga la Audiencia a detenernos. Les ha pasado a los titiriteros, pero a los músicos nos puede ocurrir en cualquier momento. Por cierto, que aprovecho para pedir que la supresión de los cargos contra ellos», añadió.

Ahora, lo que toca es, «por el bien del empleo, las industrias relacionadas con la música, el turismo y la cultura», defender lo conseguido. Que la Plataforma por la Música en Directo de Asturias «actúe cuando haya problemas», porque, a pesar del cambio legislativo que se avecina, alertan, «serán los ayuntamientos los que pongan las multas».