La oficialidad de la llingua, de la libertad a la imposición

Abrió el fuego Zapico, quien también ve en la cooficialidad «una oportunidad para desarrollar una industria cultural asturiana», además de «una obligación legal recogida en la Constitución», garantizando a sus hablantes la libertad de emplear la llingua en cualquier ámbito y que se cumpla de una vez por todas la ley de uso. Y justo en las antípodas de sus tesis se situó Blanco, quien sostuvo que, lejos de constituir una elección, «la oficialidad del bable constituiría una obligación» que implicaría, sin ir más lejos, «que los 60.000 funcionarios de Asturias fuesen poniéndose a aprender asturiano, porque no les quedaría más remedio».

Pero es que, además, a juicio del miembro de la plataforma ciudadana contra la oficialidad, «la que fue cuna de la Reconquista parece iniciar el camino hacia el nacionalismo excluyente al estilo de Cataluña, País Vasco, Valencia o Galicia, con la lengua y la escuela como elemento clave para dividir a la sociedad», zanjó quien ya teme convertirse, junto a sus hijos, «en un exiliado lingüístico en Castilla y León». «Un escenario apocalíptico», según Zapico, para quien argumentos como ese resultan, además de tópicos, «una barbaridad».

«Si para que no desaparezca algo hay que imponerlo, entonces es que la demanda no es muy alta», rebatió Blanco, quien puso incluso en solfa el último Informe Sociolingüístico de Asturias, asegurando que «barre para casa» y que «el hablante de bable es muy minoritario». Pero es que, concluyó Zapico, «si se ha metido en la escuela a calzador y en condiciones patéticas, con profesorado penando por los pueblos como el judío errante, cambiando de centro cada año y sin posibilidad de presentarse a unas oposiciones, si a pesar del estima de la Administración y de algunos medios de comunicación, ha pervivido, que todavía haya demanda de aprenderlo es digno de un respaldo legal como el que tienen el resto de comunidades». El día y la noche.