Prisión para nueve de los once acusados por amaño de partidos

El fallo, que todavía no es firme porque puede ser recurrido ante el Tribunal Supremo, condena por unanimidad al exgerente del club rojillo Ángel Vizcay, el expresidente Miguel Archanco, los exdirectivos Juan Antonio Pascual y Jesús Peralta, el extesorero Sancho Bandrés, los agentes inmobiliarios Cristina Valencia y Albert Nolla y los exjugadores del Betis Antonio Amaya y Xabier Torres. Por el contrario, absuelve al exdirector de la Fundación Osasuna, Diego Maquirriain, y al exjugador bético Jordi Figueras.

Las penas impuestas por delitos de apropiación indebida, falsedad en documento mercantil, falsedad contable y corrupción deportiva oscilan entre el total de ocho años y ocho meses de prisión impuestos a Vizcay y los nueve meses de cárcel a Valencia y Nolla.

Para la Sección Segunda de la Audiencia navarra, ha quedado probado que los condenados, miembros en aquella época de la directiva de Osasuna, acordaron primar a dos exjugadores del Betis, Amaya y Torres, con 650.000 euros por incentivar su victoria ante el Valladolid en la jornada 37 de la temporada 2013-14 y para dejarse ganar en el partido de El Sadar en la 38.

Concluyen las magistradas que hay dos apartados muy diferenciados en los hechos: los referidos a la gestión económica del club, que comprenden los delitos de apropiación indebida, falsedad documental y falsedad contable, y el concerniente a la corrupción deportiva.

En relación al tema económico, las magistradas entienden que los condenados hicieron un uso y abuso consciente de los fondos del club, mediante extracciones de dinero injustificadas y con retiradas de efectivo procedente de las ventas de la tienda, taquillas y abonos. La cantidad total defraudada que se ha podido probar asciende a 2,3 millones de euros: 900.000 correspondientes a la temporada 12-13 y 1,4 millones de la campaña siguiente.

También se consideran probadas falsificaciones contables, que tenían como finalidad cuadrar las cuentas. En la temporada 12-13, el descuadre fue de 900.000 euros y para ello se acudió a los inmobiliarios Cristina Valencia y Albert Nolla, quienes firmaron un recibí por esa cuantía simulando actividades inmobiliarias inexistentes. En el curso posterior, el desfase del club ascendía a 1,4 millones de euros y por ello creó un falso contrato con la entidad portuguesa Flelfield, dedicada a los derechos de imagen de jugadores, y tres facturas falsas.

La creación de estos documentos se realizó cuando la directiva había dimitido y estaba ya la junta gestora. La sala considera que fue Vizcay quien fabricó esos papeles o facturas para cuadrar las cuentas de esta temporada y obtener así el informe favorable de auditoría.

Mientras, la absolución de Maquirriain por el delito de apropiación indebida se fundamenta en la falta de pruebas sobre que realmente conociera el destino indebido de los 400.000 euros que trasladó de Pamplona a Sevilla y que se utilizó para pagar a los dos jugadores del Betis.

Sobre el delito de corrupción deportiva, la sentencia concluye que se produjo un «acuerdo global» entre los miembros de la directiva condenados y el gerente del club con los dos jugadores del Betis para los partidos contra el Valladolid y Osasuna. La sala, que ya adelantó la absolución de Jordi Figueras, razona que no hay pruebas que permitan concluir que este jugador participase en los hechos.

Se fundamenta esta resolución en el el artículo 286 bis, apartado cuarto, del Código Penal, que incluye las 'primas a terceros'. Se argumenta que ofrecer dinero o beneficios a un club por ganar un encuentro busca una ventaja propia, pero, además, produce una serie de efectos concatenados como el perjuicio de otros equipos que dependen de esos resultados de terceros y los perjuicios económicos derivados de las apuestas o quinielas.

«Los incentivos económicos por parte de un tercer club a otro para fomentar un resultado positivo influyen en la competición», arguyen las magistradas. Además, consideran que los argumentos ofrecidos por la defensa para considerar no punibles penalmente las primas a terceros parten de una permisividad social hacia ellas que es independiente de que estén estipuladas como delito.

Se esgrime en la sentencia que la obligación del deportista no es solo «salir a ganar» sino también asegurar que el resultado se produzca «conforme a las normas previas mutuamente conocidas y aceptadas, sin condicionantes externos no incluidos en las reglas» del juego y la competición.