«El futuro del carbón pasa por contener su impacto ambiental y eso se consigue con investigación»

La doctora en Economía Natalia Fabra es la ganadora del XIII Premio SabadellHerrero a la Investigación Económica, dotado con 30.000 euros y dirigido a investigadores menores de 40 años con una trayectoria sobresaliente. Fue su línea de investigación centrada en la economía industrial y, especialmente, en el análisis de la regulación y competencia de los mercados energéticos la que convenció al jurado. Fabra es un referente internacional en el ámbito eléctrico, sobre todo por sus investigaciones sobre el diseño de subastas para la generación y distribución de energía eléctrica.

Oímos continuamente hablar de las dificultades de conjugar los retos del sistema energético español. ¿Tiene alguna clave al respecto?

La política energética debería perseguir tres grandes objetivos: la sostenibilidad medioambiental, la seguridad del suministro y la competitividad. En cuanto a sostenibilidad, hay que tener en cuenta que la penetración de las energías renovables es posible en el sector eléctrico pero no en otros sectores. Por lo tanto, a través del eléctrico, las economías pueden reducir emisiones en otros ámbitos que ahora mismo dependen de combustibles fósiles. Por otra parte, el problema con Ucrania ha puesto de manifiesto lo vulnerables que son las economías al suministro de fuentes energéticas. No solo queremos que haya energía, sino que haya en todo momento para que las economías no se paren. La tercera pata es la competitividad.

El coste y la calidad de la energía deberían contribuir a esa competitividad. ¿Por qué no lo hacen?

Queremos que la energía se produzca a un precio razonable que no ponga en peligro ni la renta disponible en los hogares ni la de las empresas, para las cuales la energía es un input muy importante. Pero conjugar las tres patas es de una gran dificultad.

Los empresarios alertan del riesgo de deslocalizaciones.

Hay empresas que venden en mercados internacionales y compiten con las americanas que tienen acceso al gas no convencional a precio muy bajo y con empresas localizadas en países donde no hay regulación medioambiental (sin coste por las emisiones de carbono ni por las renovables) y tienen acceso a energía a precio muy bajo. El gran reto es descubrir cómo hacer compatibles los tres objetivos, irrenunciables todos ellos. Y en ello estamos.

¿Por qué cree que se ha errado en el diagnóstico a la hora de reformar el sistema eléctrico español?

En mi opinión, las renovables han sido el chivo expiatorio. El diagnóstico del Gobierno es que el problema está en las actividades reguladas (transporte, electricidad, distribución y primas que reciben las renovables) y no en el mercado, por lo que recorta éstas y deja intacto el mercado eléctrico. Yo creo que el mercado eléctrico tiene que ser reformado, porque ha generado estos años elevadas ventas a los propietarios de las centrales históricas del parque de generación, básicamente nucleares e hidroeléctricas.

¿A qué se refiere?

La ley que tenemos en estos momentos fue diseñada en un momento en el que el sector eléctrico era muy distinto al de ahora: no había ciclos combinados, ni renovables y se esperaba un fuerte crecimiento de la demanda eléctrica. Ahora estamos en un contexto en el que la demanda se ha desplomado, ha habido una sobreinversión en ciclos combinados y donde el 30% de la energía es producida por renovables. Eso exige un marco regulatorio distinto.

En cuanto al déficit tarifario, ¿los derechos de cobro de las compañías se corresponden con sus costes?

El déficit tarifario es en gran parte de naturaleza regulatoria. Las empresas tienen derecho a vender su electricidad a precios de mercado pero, en algunos casos, ese mercado marca unos precios muy superiores a los precios de funcionamiento de algunas centrales. Se las está sobre retribuyendo. No ocurre eso ni con las centrales de carbón ni de ciclo combinado, pero sí con la producción nuclear e hidroeléctrica, porque tienen costes de producción muy bajos y aunque los de inversión fueron altos en su día ya han sido recuperados. Una parte del déficit está alimentado por esta sobreretribución.

¿Hay que dirigir más dinero a las renovables? ¿Hasta cuándo?

Es una pregunta de difícil respuesta, porque las renovables han experimentado una fuerte reducción de costes gracias a su desarrollo en los últimos años. Invertir en renovables ahora es mucho menos costoso de lo que fue en 2005, 2006 o 2007. Debido a la curva de aprendizaje, ahora el coste de inversión en alguna de estas tecnologías es una quinta parte del de años precedentes. No deja de ser paradójico que se invirtiese en ellas cuando eran costosas y ahora que se han reducido de forma drástica dejemos de hacerlo, matando una industria incipiente y destruyendo el tejido industrial creado.

O sea, hay que seguir invirtiendo.

Necesitan menos aporte del que han tenido hasta ahora, pero hay que seguir apoyándolas porque no hemos llegado a un punto en que tengan retribución suficiente en el mercado eléctrico. Desde luego, lo que no se debe hacer es lo de ahora: un recorte con carácter retroactivo. Porque eso desincentiva aún más las inversiones y genera incertidumbre.

España ha perdido su posición de liderazgo en cuanto a renovables. ¿Aún puede reconducirse la situación?

No sé. Desde luego se puede mitigar, aunque el daño está hecho.

¿Ve futuro al carbón?

Antes hablábamos de la seguridad de suministro y ciertamente el carbón aporta eso, a diferencia de las renovables. En el sistema tiene que haber centrales que aporten seguridad. Pero como también debemos atender a la pata de la sostenibilidad, el futuro del carbón pasa por su capacidad de contener su impacto medioambiental, por ejemplo a través de la captura y almacenamiento del carbono. Si no, su papel irremediablemente será cada vez menor. Y eso se consigue con investigación y desarrollo.

¿Qué opina del nuevo sistema para calcular el precio de la luz?

Es un sistema adecuado. El anterior estaba generando una inflación de los precios de la electricidad, encareciendo el suministro entre un 15 y un 17%. El problema consistía en que se pedía a las empresas y agentes que participaban en las subastas que se comprometieran a vender la electricidad a un precio fijo durante tres meses. Como el precio fluctúa por cambios en el viento, en la demanda y en la hidraulicidad, quienes se comprometían a esto soportaban un riesgo elevado. Así que las empresas cobraban una prima de riesgo.

Eso ya no ocurre.

En el sistema actual, se evita ese problema. Pero implica que los consumidores estemos pagando precios que pueden sufrir unas fluctuaciones muy fuertes. Habrá quien no quiera enfrentarse a esa volubilidad y prefiera precios estables más altos. Ahora podremos elegir.