424.000 asturianos viven de una nómina pública

Un grupo de personas mayores, en un banco del Campo Valdés. /
Un grupo de personas mayores, en un banco del Campo Valdés.

Se trata del mayor porcentaje del país, diez puntos superior al de la media nacional, y se debe al elevado envejecimiento de la población

DIANA DE MIGUEL GIJÓN.

424.868 asturianos reciben una nómina procedente del sector público al final de cada mes. Esto supone que empleados públicos, pensionistas y parados con prestación representan el 40,12% del total de los habitantes del Principado, es decir, que cuatro de cada diez vive de lo que recibe de alguna administración. Se trata del porcentaje más elevado de toda España -donde se sitúa en el 31,4% de la población con un total de 14,62 millones de españoles recibiendo una nómina pública- seguido de cerca por el 38,61% de Galicia y se explica en buena medida por el elevado envejecimiento de la población regional. Casi uno de cada cuatro hogares -el 24%- está sostenido por un jubilado.

Los datos, recogidos en un informe de Institución Futuro en base a la última Encuesta de Población Activa (EPA), trazan una realidad socioeconómica que condiciona el porvenir de la región y está impidiendo que Asturias, que en los 80 llegó a tener a más de 50.000 trabajadores en nómina de empresas industriales del Estado, deje atrás su elevada dependencia de las funciones económicas que desempeña la administración de la que hace tiempo vienen alertado diferentes expertos.

Para los economistas que han elaborado el informe, el mapa autonómico de las nóminas públicas sirve para poner de relieve «la necesaria reforma de las administraciones públicas para ser más eficaces y eficientes, y poder funcionar con calidad al menor coste posible, tal y como hacen todas las empresas privadas», ya que, advierten, de seguir por este camino, «en unos años no habrá dinero para pagar esos subsidios».

Los asturianos cobran más de 300.000 pensiones contributivas, cifra que no coincide con el número total de pensionistas, porque no son infrecuentes los casos de individuos que tienen derecho a dos pagas. De hecho, según los datos de la Agencia Tributaria, el Principado tiene más de 311.313 pensionistas y sus ingresos anuales superan los 3.000 millones. La pensión media se situó en diciembre en 1.035,76 euros, casi ciento sesenta euros (158,83) más que la media nacional, fijada en 876,73 euros, según los datos del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

En el capítulo de empleados públicos, Asturias cuenta con un total de 75.300 trabajadores, según la última EPA que tiene en cuenta tanto al empleo del conjunto de las administraciones como a sus apéndices empresariales. Mientras que el número de asturianos que dependen de las prestaciones y subsidios de desempleo se sitúa en 49.202.

De ellos, 22.932 son beneficiarios de la prestación contributiva, 21.290 de algún tipo de subsidio y 4.980 cobran la Renta Activa de Inserción. Sin embargo, no todos son desempleados o pueden considerarse así, según los parámetros de la encuesta de población activa. Y es que en ese colectivo hay prejubilados y trabajadores a tiempo parcial que pueden compatibilizar su empleo con el cobro de la prestación en la proporción correspondiente hasta completar la jornada. Además, hay que tener en cuenta que la cifra de parados sobre la que se calcula la tasa de protección oficial es la de inscritos en las oficinas públicas. La dureza de la actual crisis ha provocado que la problemática a la que se enfrenta el colectivo de desempleados sea doble. Por un lado hay menos parados con cobertura y, por el otro, se ha reducido la cuantía de la ayuda económica. Si en octubre de 2013 la cuantía media de la prestación contributiva se situaba en los 831,1 euros, un año después se ha reducido hasta los 780,6 euros, por debajo, incluso de la media del país que ascendió a 806,1 euros.

Desequilibrio

En conjunto, las transferencias que recibe la región por los tres conceptos (pensiones, desempleo y empleo público) superan los 6.000 millones al año, cerca del 30% del PIB, unos números que denotan un claro desequilibrio entre el tamaño de la actividad productiva regional y la dimensión de los ingresos y prestaciones que recibe con cargo a impuestos y cotizaciones lo que, a juicio de los expertos, obliga a ser especialmente exigente con el gasto público y a incentivar la creación de empleo en el sector privado.

El análisis por comunidades del mapa de nóminas públicas pone de relieve una notable disparidad entre unas comunidades y otras. Además de Asturias y Galicia, cuentan con una proporción de nóminas públicas superior a la media Extremadura (36%), Castilla y León (35%), Cantabria (34%), País Vasco (34%), Aragón (33%) y Cataluña y La Rioja, con tasas del 32%. En el lado contrario, están Madrid, Murcia, Baleares, Canarias, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana y Ceuta y Melilla, con tasas inferiores al 30% del total de la población.