UGT demandará al Principado por daños y perjuicios a su «honestidad»

Se ampara en una sentencia firme favorable a la organización, que obliga a la Administración a devolverle 526.000 euros de subvenciones para formación de 2013

AIDA COLLADO OVIEDO.

UGT presentará una demanda contra el Principado por daños y perjuicios, no solo en lo que al ámbito económico se refiere, sino también por el mal causado «a la honestidad, a la imagen y a la marca» del sindicato, según informó ayer su secretario general, Justo Rodríguez Braga. «No puede salir todo gratis», reprochó. La central se amparará en la sentencia firme a su favor, contra la que el Gobierno regional no interpuso recurso, que obliga a la Administración a devolverle 526.000 euros de subvenciones para formación de 2013. Dicha cantidad había sido retirada por la Consejería de Economía, después de recortar en 20 puntos la nota obtenida por el sindicato en la convocatoria.

Rodríguez Braga cree que el Gobierno pecó de un «exceso de celo». En su opinión, «cambió las reglas del juego -recogidas en las bases de la subvención- y nos dijo que nuestra puntuación no era la debida». La revisión de las ayudas asturianas, señaló, «se llevó mucho más allá del proceso habitual», después de que saltase la alarma en torno a los cursos de formación en Andalucía. En este sentido, criticó, el problema es que «se mide todo por el mismo rasero, da igual que sea gordo que menudeo». Y ese exceso de celo, esa «psicosis» que crea «alarma social», ahondó, «acaba generando una injusticia y tiene que ser la justicia la que diga que esto estaba bien hecho».

Se refirió también al reembolso de 347.000 euros que el Principado le exige ahora por las subvenciones de formación concedidas en 2012. «Hay que presentar un contencioso que esperamos ganar», resumió.

Tampoco evitó pronunciarse sobre la denuncia de la Fiscalía, que ha señalado a UGT por la posible comisión de un delito de fraude de subvenciones. No le ha sorprendido la decisión de la Administración asturiana, anunciada anteayer por el consejero de Industria, Empleo y Turismo, Francisco Blanco, de personarse en la causa. «El Principado tiene, en cierto modo, la obligación de personarse. Está concernido», concedió. Menos comprensivo se mostró con los posibles «paracaidistas» que sin estar implicados quieran sacar rédito del conflicto.