Los transportistas acusan a la administración de dejarles «desamparados» ante los mineros

«No es fácil proteger los vehículos 24 horas, pero nos encontramos totalmente desamparados por parte de las administraciones y de la Federación Asturiana de Empresarios». Esta era la queja que realizaba ayer Ovidio de la Roza, presidente de la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) y de la Asociación de Empresarios del Transporte y Aparcamiento de Asturias (Asetra), tras la agresión sufrida el martes por un camionero en San Isidro, al intentar impedir que una decena de encapuchados volcaran la carga de carbón que transportaba desde el puerto de El Musel a la térmica de Velilla (Palencia). La crítica de De la Roza es extensible a la de sus homólogos en las otras dos organizaciones que agrupan a los profesionales del sector en el Principado: la Central Empresarial de Servicios Internacionales y Nacionales del Transporte (Cesintra) y la Unión Independiente de Transportistas Autónomos (UITA). Todos coinciden en que ni las diferentes administraciones ni los cuerpos de seguridad del Estado están haciendo lo suficiente para proteger a los camioneros, unos trabajadores que nada tienen que ver con el conflicto que ha generado la agresión.

Aunque el comité de empresa de la Compañía Minera Astur Leonesa se desvinculó de la acción, todo indica que el suceso está relacionado con las protestas que llevan realizando empleados de la empresa en los últimos meses contra la quema de carbón importado en las centrales térmicas, en detrimento del mineral nacional, y que ha llevado a las compañías a una situación límite. El conflicto, sin embargo, se remonta varios años atrás. Fue en 2012, con otra oleada de movilizaciones, cuando el vuelco de la carga de los camiones se convirtió en una forma de protesta habitual para los mineros. «Las fuerzas del orden nos invitan a no circular por las zonas del conflicto, teniendo que buscar rutas alternativas que encarecen el transporte y restan competitividad, tanto a nuestro sector frente al ferrocarril, como al puerto de Gijón frente a los de La Coruña y Santander», señalaba ayer en una nota Asetra, que apuntaba, como ejemplo del impacto negativo del conflicto en la actividad, la caída de toneladas transportadas por carretera a la térmica de Compostilla, que pasaron de 240.000 en 2011 a 40.000 en 2013, como consecuencia del incremento del uso del tren y del puerto de La Coruña. En el caso de la central de Velilla (Palencia), El Musel habría perdido tráficos a favor del puerto de Santander. En este sentido, la asociación, que califica algunas de las acciones de «actos de terrorismo», recuerda que con los ataques «no se ha impedido en ningún momento el suministro de carbón importado», solamente han desviado su transporte. «No puede ser que, para proteger a una minoría, se actúe contra un sector muy importante en Asturias y que aporta mucho dinero. Si esto pasara en otro sitio tendría mucha más relevancia», censuraba De la Roza, que recordaba que están en peligro no solo los tráficos, sino cientos de puestos de trabajo.

Para José Fernández, presidente de UITA, la administración es doblemente culpable «por finiquitar la minería y por no controlar estos desmanes». Además, advierte de que el sector está cansado de ser la víctima constante de una batalla que le es ajena. «Los transportistas estamos pensando en organizarnos. ¿Quieren que lleguemos a una guerra?», se preguntaba. Mientras, Alejandro García Mojardín, presidente de Cesintra, carga contra los políticos que realizan declaraciones «subidas de tono» que sirven para «alentar» la defensa de la minería «cueste lo que cueste». «Nosotros no tenemos ni arte ni parte en las térmicas, no tenemos ninguna subvención, ni prejubilaciones, estamos hasta los 65 años al volante y no es de recibo que nos ataquen, pero aún no oí a Gabino de Lorenzo -el delegado del Gobierno en Asturias- condenar una acción contra los transportistas», criticaba.

Las últimas movilizaciones han tenido como origen la negativa de las compañías eléctricas a adquirir mineral nacional -excepto EdP que cuenta con un acuerdo con Hunosa-, lo que ha llevado a las empresas mineras al borde del cierre. Endesa ha anunciado esta semana que comprará 30.000 toneladas de aquí a fin de año, una cifra que podría paliar en parte la crisis actual, aunque se considere insuficiente, pero que no servirá para solucionar de forma definitiva el problema. Lo cierto es que en el sector del transporte hay un gran hartazgo con la situación y se teme, incluso, que las protestas puedan aumentar en los próximos meses, a medida que avance el proceso para cerrar las minas.