El Principado también cree que UGT hinchó el precio de los alquileres

Las irregularidades que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil observa en la justificación de los gastos por parte del sindicato UGT para financiar, a través del Instituto de Formación y Estudios Sociales, los cursos de formación con cargo a las subvenciones del Principado, no son, en absoluto, novedosas para el Gobierno regional. La Consejería de Empleo, Industria y Turismo, como ha venido recordando en las últimas semanas su titular, Francisco Blanco, ya advirtió de posibles anomalías en la gestión de estas ayudas, hasta el punto de solicitar en varias ocasiones la revocación parcial y el reintegro de parte de estos fondos al entender que el sindicato no les estaba dando el uso para el que estaban dirigidos.

Está pendiente de sentencia judicial, de hecho, una resolución del Principado en relación con la convocatoria de ayudas de 2011, que posteriormente UGT recurrió, en la que el Servicio Público de Empleo reclama a la central el reintegro de 410.183 euros -de una subvención de más de 1,5 millones- al considerar que no se justificaron de forma correcta los gastos.

Igual que sostiene la Guardia Civil, el Principado también opina que se hincharon los gastos del alquiler de varios locales de Oviedo, Gijón y Navia utilizados para impartir estos cursos de formación. Considera, además, que están injustificados los gastos relativos a determinadas facturas de telefonía, así como otros vinculados a materiales didácticos «no acordes con los recibís de material entregado a los alumnos», anota. El Principado llega a requerir en su informe, incluso, una declaración responsable relativa a la «existencia o inexistencia» de vinculación entre IFES-UGT y las empresas Localmur, Infastur, Formación 2020, Atlantis Compañía de Seguros y Edicom, a las que el sindicato adjudica el grueso de sus servicios.

No es la primera ocasión en la que el Principado inicia un procedimiento de revocación de una subvención concedida a UGT, aunque, subrayan desde el sindicato, ya hay varios fallos favorables a la central. Existe, de hecho, una sentencia judicial por la que se anuló una resolución del Servicio Público de Empleo en la que se denegaba en 2013 a UGT una subvención de 498.958 euros, aunque en aquella ocasión estaba relacionada con una anomalía administrativa y no con la justificación de costes.

Por otra parte, la sección sindical de trabajadores de UGT-Asturias mostró ayer su rechazo al «blindaje y registro» realizado el pasado 17 de enero por la Guardia Civil en la sede regional de la organización de forma paralela a la detención de cuatro exdirigentes, entre ellos el ex secretario general del sindicato, Justo Rodríguez Braga, y dos empleados de la central. Los trabajadores muestran a través de un comunicado su «repulsa» por lo acontecido y su apoyo a los detenidos «sin más motivo aparente que la realización de su trabajo de forma honesta y profesional» y a los que reconocen su labor diaria.