El adelanto electoral deja en el aire el estatuto para la industria y la descarbonización exprés

El pasado miércoles, tras reunirse con la delegada del Gobierno, Delia Losa, los representantes de los trabajadores de la planta de Alcoa en Avilés ya advirtieron de que un adelanto electoral podría truncar los planes de venta de la factoría. El estatuto para la industria electrointensiva fue anunciado por el Gobierno como la gran solución para paliar los problemas de la factura energética de las empresas. También como un elemento de persuasión para la llegada de un nuevo inversor que quiera hacerse con las plantas de la aluminera.

El Ministerio de Industria aseguró a Losa que el borrador estará listo para mediados de marzo, pero un borrador no deja de ser un documento sin valor normativo, que puede quedarse en un cajón si hay un cambio de Gobierno o no llegar a tiempo por los retrasos del periodo electoral. La cuenta atrás se puso en marcha para lograr una solución para las factorías de Alcoa hace meses y termina, ya sin dilación, el próximo 30 de junio. Sin unas condiciones favorables en cuanto a la factura eléctrica, las posibilidades de encontrar un comprador se disipan notablemente.

Aunque se desconoce el contenido del estatuto, dentro de él debería estar recogido el nuevo modelo de subasta de interrumpibilidad, el mecanismo por el que la gran industria recibe una compensación por desconectarse de la red si es necesario, una herramienta criticada por prácticamente todos los actores que intervienen en ella, pero que permite a las empresas aliviar su factura eléctrica. Sin embargo, su falta de estabilidad y el desplome de la remuneración ha provocado fuertes críticas por parte de las compañías. Los dos últimos gobiernos prometieron renovarla, pero puede que también se quede en un limbo la ansiada reforma.

También quedará en el aire el plan renove para las plantas de cogeneración anunciado en octubre y con él varias instalaciones que llegan al final de su vida útil y los planes de distintas empresas, que tendrán que tomar decisiones sin saber los planes del Gobierno ni contar con seguridad jurídica.

Y más allá de estas cuestiones, pueden volver a ponerse sobre la mesa distintos modelos de descarbonización. La exprés, defendida con ardor por la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, -aunque fue moderando su discurso con el tiempo- es vilipendiada por la derecha e, incluso, dentro de su partido por los gobiernos de comunidades como el del Principado, que siempre criticó acelerar los planes de cierre de térmicas.

Sobre la mesa el Gobierno tiene ya la petición de desmantelamiento de dos centrales en la región, la de Lada, de Iberdrola, que hizo la solicitud oficial en noviembre de 2017, y la de Soto de la Barca, de Naturgy, que realizó la petición a finales del año pasado. El Ejecutivo de Sánchez defiende que la decisión de mantener una térmica corresponde únicamente a las empresas y que el Gobierno solo puede impedirlo en caso de que no se garantice el suministro, aunque sí reclama planes alternativos para los territorios. El Ejecutivo de Rajoy, por su parte, intentó sacar adelante un real decreto ley para que el Gobierno sea quien tenga la última palabra en materia de cierre de centrales, pero recibió la negativa de los socialistas, que consideraron que había problemas de encaje legal. Después lo intentó con la fórmula de real decreto, un rango menor, y en este caso fue la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) la que rechazó esta posibilidad.

Ribera sí podrá, sin embargo, presentar el Plan Nacional de Energía y Clima (PNIEC) ante la Unión Europea, y una vez hecho será complicado cambiarlo. En él se dispondrá que las centrales nucleares prolonguen su vida más allá de los 40 años, aunque en ningún caso por encima de los 50. Además, podría salir adelante el Real Decreto de Autoconsumo, ya muy avanzado.

Otras de sus propuestas estrella tendrán que esperar como varias medidas de apoyo a las renovables, entre ellas, quedarán sin regular las subastas de energías verdes que el Ejecutivo pretendía convocar todos los años y no se concluirá el Real Decreto de Acceso y Conexión a Redes.

También quedará pendiente la regulación sobre los motores de combustión y la demonización del gasóleo, uno de los temas más polémicos del mandato de Ribera. Entre otros asuntos no se llevará a cabo la igualación impositiva del diésel con respecto a la gasolina.

Pero entre los asuntos que quedarán en el tintero destaca, sobre todo, la Ley de Cambio Climático y Transición Energética. El borrador diseñado por el Gobierno de Rajoy no convenció en absoluto al Ejecutivo de Sánchez, que inició su elaboración desde cero, con el consiguiente retraso, y no dará tiempo para sacarla adelante.