Asturias solo tiene 1,4 trabajadores por cada pensionista, la menor ratio del país

Asturias solo tiene 1,4 trabajadores por cada pensionista, la menor ratio del país

España debe quintuplicar los inmigrantes para sostener la jubilación; el INE, la AIReF y la ONU estiman que harán falta 34 millones en 2050

J. A. BRAVO / N. A. ERAUSQUINMADRID / GIJÓN.

El problema creciente de la sostenibilidad del sistema de pensiones español, cuyo gasto el año pasado ya se 'comía' el 12,1% del Producto Interior Bruto (PIB), tiene muchas aristas y para resolverlo difícilmente bastaría con actuar en un solo campo. Los grupos parlamentarios del Pacto de Toledo no fueron capaces de consensuar una reforma tras más de un año y medio de trabajos la legislatura pasada, y el nuevo Ejecutivo deberá tener esa asignatura pendiente como prioridad.

En Asturias las dificultades del sistema se agravan. El Principado es la comunidad con una menor proporción de trabajadores por cada pensionista, hay 1,4 ocupados por cada ciudadano que recibe una prestación de este tipo, frente a los 2,2 nacionales. Las comunidades que comparten la posición de cola son las vecinas Galicia (1,6) y Castilla y León (1,7), afectadas también por el envejecimiento de su población. En el otro lado de la balanza está Baleares, con 3,3 trabajadores por cada pensionista, seguido de Canarias (2,9) y Madrid (2,9).

En el caso de tener en cuenta únicamente los jubilados, sin contar las pensiones de incapacidad, viudedad, orfandad o favor familiar, la proporción asturiana pasa a 2,2 ocupados, mientras que la española se eleva a 3,3. De hecho, ya hay 33 municipios de la región que cuentan con más jubilados que afiliados a la Seguridad Social, el 42% del total de 78, y en otros 23 apenas se alcanza la relación uno a uno. Estas ratios ponen en peligro el sistema público, que tiene como eje la solidaridad entre generaciones, ya que son los actuales trabajadores los que financian las pensiones que se cobran en ese momento.

La Autoridad Fiscal Independiente (AIReF) estima que para seguir pagando las pensiones sin sufrir recortes importantes, España precisará contar con diez millones más de habitantes en 2050. Asimismo, debería alcanzar una tasa de empleo similar a la de Alemania, es decir, elevarla al menos hasta el 70%. En Asturias se sitúa, según la última Encuesta de Población Activa, en el 43,23%.

Por su parte, el Fondo Monetario Internacional (FMI) considera -en su previsión intermedia sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones español- que dentro de esos 32 años sería necesario contar con un mínimo de 5,5 millones de inmigrantes adicionales y una tasa de empleo que no bajase del 79%. También haría falta elevar la contribución efectiva por cotizaciones sociales al 27,3% de los costes laborales (seis puntos más), pese a las más que previsibles protestas de empresas y trabajadores, además de ampliar el tope de contribución de los salarios mínimos.

Pero ¿qué pasaría si el análisis se centrase en el papel de la inmigración y la llamada ratio de dependencia cuasi económica (la proporción entre las personas de 66 años o más -esto es, jubilados- y la población de entre 16 y 65 años), una variable que los expertos ven fundamental para el equilibrio de los sistemas de pensiones basados en el principio de reparto, como el español? Pues, según recoge en un estudio Carmen Ródenas, profesora de Análisis Económico de la Universidad de Alicante, que sus requerimientos de población extranjera para sostener a los mayores de 65 años «no bajarían de más de 34 millones de aquí a 2050».

Esta es su conclusión tras analizar las estimaciones que a ese respecto han hecho dos organismos nacionales de peso, como la citada AIReF y el Instituto Nacional de Estadística (INE), y otros tantos internacionales, y los casos de la ONU con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (UNPD) y Eurostat, la agencia estadística europea. Los cuatro estiman que, en ese horizonte, los inmigrantes deberían suponer entre el 43,4% y el 47,1% del total de residentes en España, según las proyecciones de población de cada uno.

Asturias, sin embargo, se encuentra muy lejos de ese camino, con apenas 15.400 trabajadores extranjeros del total de 384.700 ocupados de la región. Es la segunda comunidad, tras Extremadura, con una menor cifra de empleados foráneos.

Envejecimiento «retardado»

A pesar de los malos datos del Principado, el país no tiene una de las ratios de dependencia más elevadas de la UE, pero se prevé que para 2050 prácticamente haya doblado su valor respecto a 2016. Una mayor esperanza de vida, unas tasas de fecundidad más bajas que otros países desarrollados (apenas 1,3 hijos por mujer, que en Asturias se reduce a 1) debido tanto a la incorporación tardía de la mujer al mercado laboral como a la emigración juvenil, la falta de medidas suficientes de conciliación, y un «retraso en el proceso de envejecimiento respecto a otros países industrializados» explican que el proceso «sea comparativamente más intenso en España» en las tres próximas décadas.

El INE estima que para 2050 la población de 66 años o más pasará del 18,1% de 2018 al 30,9%. Y la ya «preocupante» -apunta Ródenas- relación de dependencia cuasi laboral de 27,5 mayores de 65 años por cada 100 personas de entre 16 y 65 años se doblaría hasta 55,1 mayores. Se pasaría de tener una persona de más de 65 años por cada 3,9 individuos en edad laboral, a una frente a solo 1,9 en disposición de trabajar. Por lo tanto, para mantener la ratio no bastaría con los 6,3 millones de inmigrantes en que el instituto estima aumentará ese colectivo, sino que «haría falta multiplicar la cifra por 5,3 veces» para sumar otros 30,60 millones de nuevos habitantes extranjeros, más de un millón anual. Así, su total supondría el 46% de la población residente y el 62,8% de la que estuviera en edad laboral, casi dos de cada tres.

La proyección de la AIReF sitúa esa ratio de dependencia en 55,2 puntos, con una previsión actual de 8,9 millones de habitantes extranjeros más hasta 2050. Por eso, para volver al nivel de 2018 respecto a los mayores de 65 años la inmigración laboral habría de multiplicarse por 4,4 veces hasta 32 millones adicionales, llegando a suponer el 63,8% de población en edad laboral. La ONU cifra la necesidad del alza para no disparar dicha ratio en 33,90 millones y Eurostat en 30,40 millones. El problema, concluye el estudio, sería el «improbable apoyo social» a medidas solo demográficas.

Mientras, en Asturias la situación es más dramática, ya que empeora todas las ratios, con la mayor proporción de jubilados del país y la menor de niños y adolescentes. Por cada diez personas en edad de trabajar hay cuatro que ya han pasado la barrera de la jubilación.

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