La ausencia de alternativas para la cuenca bloquea el cierre de la térmica de Lada

La central térmica de Lada, para la que Iberdrola solicitó el cierre hace casi dos años. / JESÚS MANUEL PARDO
La central térmica de Lada, para la que Iberdrola solicitó el cierre hace casi dos años. / JESÚS MANUEL PARDO

Dos años después de pedir la clausura, Iberdrola no tiene el permiso del Gobierno al no ofrecer un proyecto sustitutivo

NOELIA A. ERAUSQUINGIJÓN.

El 10 de noviembre de 2017, Iberdrola solicitaba el cierre de la térmica de Lada a pesar de haber realizado inversiones importantes en los meses precedentes. La eléctrica confiaba en que el proceso pudiera solventarse en alrededor de un año, pero casi dos después continúa esperando el permiso del Gobierno para proceder a su desmantelamiento. Un enfrentamiento inicial con el ministro responsable de Energía de la época, el popular Álvaro Nadal, y la falta de alternativas para las cuencas que exige el Ejecutivo de Pedro Sánchez han bloqueado la clausura hasta ahora.

Según ha podido saber este periódico, la ausencia de un plan que permita revitalizar la zona en la que se asienta la central y garantizar así una transición justa está dilatando un proceso al que tampoco ayuda la interinidad del Gobierno. A pesar de que el PSOE votó abiertamente en el Parlamento nacional a favor de adelantar el cierre de las térmicas, también insiste en ligar estos ceses de la actividad a proyectos alternativos en los mismos territorios, muchos de los cuales tienen una alta dependencia económica de las centrales. Es ahí donde se está chocando con las eléctricas, que aseguran que recolocarán a los trabajadores y que emprenderán nuevos proyectos relacionados con renovables, pero no precisamente en las zonas afectadas.

Esta falta de respuesta por parte del Gobierno no es un caso exclusivo de la instalación de Lada. Hasta ocho centrales están a la espera del permiso del Ejecutivo, aunque sí se da la circunstancia de que el proceso para cerrar la central asturiana y la palentina de Velilla, para las que Iberdrola solicitó la clausura al mismo tiempo, se está demorando tremendamente. Prácticamente a la vez que la energética que lidera José Ignacio Sánchez Galán reclamaba el cese de la actividad en las plantas asturiana y castellana, Endesa hacía lo propio con la de Anllares, cuya autorización ya recibió y se encuentra ya en proceso real de cierre.

Pocos preveían en Iberdrola que el permiso gubernamental iba a tardar tanto, sobre todo, tras la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa. Antes de esta, el ministro popular Álvaro Nadal había tenido un duro enfrentamiento con la energética, oponiéndose al cierre de centrales e, incluso, intentando impulsar un controvertido decreto para que fuera el Gobierno el que tuviera el control sobre las clausuras. Entonces llegó la moción de censura a Mariano Rajoy y la apuesta 'verde' del Gobierno socialista fue recibida con entusiasmo por parte de la dirección de Iberdrola.

Nada más llegar al Ejecutivo Sánchez, desde el Ministerio para la Transición Ecológica se insistió en que nada se podía hacer ante una decisión empresarial, aunque en la práctica el Gobierno está bloqueando los cierres ante la inexistencia de planes que garanticen esa transición justa que defiende el PSOE. «Seguimos dando los pasos pertinentes y la solicitud no está denegada», señalaron a este periódico fuentes de Iberdrola.

Mientras, el goteo de peticiones de cierre de térmicas es constante. En el caso asturiano, Naturgy solicitó hace algo menos de un año poder clausurar su térmica de Soto de la Barca, además de las de Meraima (La Coruña) y La Robla (León). También están en este proceso las de Compostilla (León) y Andorra (Teruel), de Endesa. Para estas dos la empresa que dirige José Bogas ya ha puesto sobre la mesa planes alternativos que se están negociando con administraciones y agentes sociales para evitar que las instalaciones se conviertan en un solar y dejar abandonadas comarcas muy dependientes de ellas.

Complicada viabilidad

Esta misma semana, Endesa anunció también su intención de interrumpir de manera «discontinua» la producción de sus centrales de Litoral (Almería) y As Pontes (La Coruña) a pesar de que cuentan con las mejoras ambientales que les permitiría seguir produciendo energía hasta 2030. El argumento que dio la compañía es que no hay ninguna expectativa de que estas instalaciones puedan ser rentables. Hasta ahora eran de las centrales que se esperaba que pudieran funcionar hasta 2030, como las asturianas de EdP de Aboño y Soto de Ribera y la de Los Barrios (Cádiz) de Viesgo.

Este cambio de opinión se debe a que la competitividad de las centrales de carbón está cayendo en picado. La retirada por parte del Gobierno de los pagos por capacidad -sumas que recibían las eléctricas por mantener disponibles las instalaciones aunque no entraran en el sistema-, la subida del precio de los derechos de emisión del CO2 -que asumen las centrales por contaminar- y el aumento del coste de las materias primas no hacen otra cosa que complicar la viabilidad de estas instalaciones en favor de las renovables y los ciclos combinados como energía de respaldo.

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