Los autónomos exigen al Principado nuevo presupuesto

«Si nuestro presidente cree que no está capacitado para negociar unos presupuestos acordes con las necesidades de Asturias, lo que debe presentar es una moción de confianza. Eso sería un ejercicio de democracia». Así de contundente se mostró ayer la portavoz de las Asociaciones Federadas de Autónomos de Asturias (AFAS), Rosa Suárez, que cargó duramente contra el Gobierno del Principado, al que pidió más apoyo para el sector y claridad a la hora de elaborar las cuentas. «La transparencia empieza por debatir abiertamente las enmiendas que presentaron los grupos parlamentarios dentro de la Junta y no en un búnker donde nadie va a saber los compromisos que se adquieren», subrayó, a la vez que exigió al Ejecutivo asturiano que no eluda su responsabilidad de reelaborar unos presupuestos para la comunidad en 2016 -a pesar de que el proyecto consensuado entre el PSOE e IU fue rechazado- y de abrirse al resto de fuerzas, ya que solo cuenta con 14 de los 45 diputados de la cámara.

Esta federación, que agrupa a autónomos y microempresas, pidió también al Gobierno que ponga el foco en el empleo, las empresas y la inversión y que «no nos engañen» con las políticas sociales, ya que «no habrá partida para mantenerlas» en 2016. En este sentido, recordó que el conjunto de ayudas a su colectivo no llega a los 6 millones de euros, tres veces menos que lo que se destina a sindicatos y patronal y subrayó que existen partidas que suponen 18 millones de euros «a otros, cuyos otros no especifican quienes son».

Por todo esto, la AFAS propone al Principado que en la reelaboración de los presupuestos redistribuya las ayudas hacia los agentes sociales que representan a los autónomos y microempresas ya que «quienes se erigen en los mayores representantes de las empresas, lo son realmente de las grandes empresas», censuró en un comunicado. Además, la federación pide que el Ejecutivo incluya modificaciones que pasan por una política económica de reactivación con el foco puesto en las pymes y reclama que la licitación pública valore la responsabilidad social; que se ponga en marcha un plan de financiación público y se revisen las condiciones de acceso a las subvenciones del Principado y se adapten a la realidad.