Multas de hasta 15.000 euros para los autónomos que no dispongan de este documento

Los consumidores descontentos han solicitado en alguna ocasión una hoja de reclamaciones en un negocio para interponer una reclamación. Pero, ¿todas las empresas deben tener este documento? Salvo algunas excepciones, todo autónomo que disponga de comercio y preste un servicio de cara al público, está obligado a disponer de este documento.

Aunque cada Comunidad Autónoma se hace cargo de regular esta normativa, las sanciones a las que se enfrentan los autónomos en caso de no poseer dicho documento aparecen en la Ley General de Consumidores y Usuarios, y van desde los 3.000 hasta los 15.000 euros.

Las redes sociales son una herramienta cada vez más utilizada por los usuarios para quejarse, sin embargo también es útil saber que este instrumento sigue vigente para los consumidores. Los empresarios están obligados por ley a facilitar información sobre la dirección postal, número de teléfono y cuando proceda, el correo electrónico.

También se puede multar a los profesionales que se niegan a entregarle el documento al cliente, que alegan que en ese momento no le quedan copias o a aquellos que superen el plazo que cada Comunidad Autónoma establece para responder (entre 10 y 14 días).

«Lo que varía en estas infracciones es la cuantía de la multa. No es lo mismo negarse a darle la hoja de reclamaciones a un cliente que sobrepasar el plazo para responderla. Cada autonomía decidirá en qué rango de leve, grave o muy grave se encuentran y las sancionará en consecuencia», según Facua (Consumidores en Acción).

Se trata de un documento oficial que consta de diferentes folios autocopiativos de diferentes colores según la comunidad. En general consta de tres folios: uno verde (copia para el consumidor), uno rosa (copia para el autónomo) y otro blanco (para la Administración).

El demandante debe rellenar su nombre completo, DNI y domicilio actual. Después explica su caso y cuál es su petición, si desea una compensación y cómo la quiere recibir. Una vez iniciado este proceso, se abre el período correspondiente para resolver la reclamación.

Dentro del plazo establecido, la Administración ofrece al negocio la posibilidad de una respuesta para exponer su versión sobre los sucedido. Si el autónomo no responde o el consumidor no queda satisfecho con sus alegaciones, será el organismo el encargado de tomar una decisión en dicho conflicto.

Esta opción para llegar a un acuerdo es mucho más económica que la vía judicial donde los trámites son costosos para ambas partes.

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