Torra denunciará a Lesmes antes la Fiscalía por el caso de las hipotecas

El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes. /Efe
El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes. / Efe

La Generalitat presiona al Ministerio Público días después del escrito de acusación contra los líderes del 'procés'

CRISTIAN REINO

Dias después de pedir su dimisión, la Generalitat ha anunciado esta mañana que el martes que viene aprobará en su consejo ejecutivo denunciar ante la Fiscalía al presidente del Supremo, Carlos Lesmes, por su actuación en el caso del impuesto de las hipotecas. Además de Lesmes, la Generalitat quiere que la Fiscalía investigue también al presidente de la sala tres del contencioso administrativo del propio Tribunal Supremo, Luis María Díez-Picazo.

La querella ante la Fiscalía la ha anunciado esta mañana la consejera de la Presidencia, Elsa Artadi, que ha argumentado la presentación de la denuncia por el cambio de criterio del Supremo y la «inusual» convocatoria de la sala del tribunal. A su juicio, el Supremo podría haber «violado» las leyes de funcionamiento del propio tribunal. Y quiere además que sea la Fiscalía quien investigue a Lesmes y a Díez-Picazo. La Generalitat presiona así al Ministerio Público a posicionarse en la polémica de las hipotecas. Y lo hace días después de que la Fiscalía presentara su escrito de acusación contra los líderes del 'procés', con peticiones de penas de cárcel muy altas, como los 25 años para Oriol Junqueras.

La Generalitat sigue en su campaña de desprestigio de la justicia española. «La injusticia española« es una »amenaza« para la democracia y el estado de derecho, ha apuntado Artadi, que ha recordado que esta semana se han dado cinco casos que confirman a su juicio el mal estado de la justicia española. Ha citado que se han pedido más de 200 años de prisión para los que «defienden la democracia»; el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado a España por »permitir juicios sin garantías«; la justicia belga ha llevado a Luxemburgo »la vulneración al derecho en la libertad de expresión«, y la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha «violado», según Artadi, las directivas europeas al »dar por culpables« a los »presos« , que aún no han ido a juicio.

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