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S. S. FERRERÍA / A. MORIYÓN
OVIEDO.
Martes, 25 de febrero 2020, 03:17
La decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de transferir la gestión de la Seguridad Social al País Vasco ha puesto en alerta a sindicatos, partidos políticos y a los propios jubilados, que se oponen con firmeza a cualquier paso que pueda poner en peligro la 'caja única' de las pensiones. Esta cesión es una vieja reivindicación de los nacionalistas vascos que, hasta ahora, ningún Gobierno había afrontado por los riesgos que podría suponer fragmentar la Seguridad Social para la igualdad de todos los españoles. El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha asegurado que solo se transferirá la gestión y que en ningún caso se ha puesto encima de la mesa romper la 'caja única', pero esa explicación no convence a todos por igual.
UGT tiene «clarísimo» que la transferencia de la Seguridad Social al País Vasco no puede suponer la ruptura «en ningún caso» de la 'caja única'. Otra cuestión, matizó Pedro Hojas, secretario general de UGT-FICA España, sería «la gestión». «Es verdad que en este país las comunidades participan de la gestión del Estado, y pueden participar en la gestión de la Seguridad Social, no me parece descabellado», dijo antes de mantener un encuentro con el presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón. Sin embargo, reiteró que la 'caja única' de la Seguridad Social no puede verse rota por una medida así.
La Asociación de Pensionistas de Asturias no acepta, ni siquiera, que se ceda la gestión de estos recursos al País Vasco pese a los mensajes de tranquilidad que se lanzan desde el Gobierno central. Su presidente, Pepe Fuertes, sostiene que «no se debe tocar ni siquiera administrativamente nada de la Seguridad Social» para evitar que ésta pueda ser una demanda de otras regiones y «se acabe rompiendo todo».
Especialmente crítico sobre esta decisión se muestra el portavoz adjunto del PP, Pablo Álvarez-Pire, quien entiende que se ha puesto «en riesgo» el sistema público de pensiones y acusa al Gobierno de Pedro Sánchez de estar dando pasos en firme para «acabar con el Estado autonómico y el Estado de Bienestar». También desde Ciudadanos, la portavoz del grupo parlamentario, Laura Pérez Macho, manifiesta su temor a que esta decisión política ponga en peligro «los principios de solidaridad e igualdad que recoge nuestra Constitución, al poder llegar a afectar a la propia 'caja única' de la seguridad social».
Desde IU restan importancia a esta «polémica forzada» ya que, recuerda Ángela Vallina, portavoz del grupo, se trata de una cuestión administrativa; si bien para Adrián Pumares, de Foro, es un tema mucho más serio y «una muestra más de que para permanecer en la Moncloa Sánchez va a privilegiar a determinadas comunidades frente a otras, como Asturias». Reflexión con la que coincide Sara Álvarez Rouco, de Vox, que habla ya de «brecha independentista».
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