Competencia multa a Imasa y Duro con 10,5 millones por fijar precios y repartirse clientes

Competencia multa a Imasa y Duro con 10,5 millones por fijar precios y repartirse clientes

El organismo regulador las incluye en un cártel formado con otras 17 empresas de montaje; la compañía que dirige Orihuela recurrirá

P. LAMADRIDGIJÓN.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha desmantelado y sancionado el cártel organizado por 19 empresas de montaje y mantenimiento industrial, que fue creado para encarecer los servicios prestados fundamentalmente a empresas del sector energético y petroquímico. Entre ellas, figuran las asturianas Duro Felguera e Imasa. Las sanciones al conjunto de las firmas se elevan a 54,26 millones de euros y, en el caso de los directivos implicados, a un total de 280.500 euros.

En el caso de Duro la multa asciende a 1,3 millones, mientras que Imasa se enfrenta al pago de 9,2. La primera, que ayer subió un 26% en Bolsa, ya ha anunciado que interpondrá, de forma inmediata, un recurso contencioso administrativo ante la Audiencia Nacional al considerar «que cuenta con argumentos suficientes que justifican y fundamentan dicho recurso». Además, al director general de Imasa, Alfredo Fuentes, se le impone una sanción de 24.300 euros.

El resto de multas se reparten de la siguiente manera: las filiales de ACS Masa (14,6 millones) y Maessa (3,4 millones), ACSA (110.000 euros) Atrian (914.000 euros), HGL (873.834 euros), Enwesa (860.000), Montajes Barbadun (38.577), Navec (9,3 millones), Mecánicas Bolea (650.000), Millecasa (937.507), Montajes mecánicos La Puertollanense (560.999), Montajes metálicos Faysol (267.229), Sacyr Nervión (1,16 millones), Prefabricación y Montajes del Norte (471.036), Meisa (4,8 millones), TMS (1,1 millones) y Tamoin (3,4).

Programa de Clemencia

Además, la CNMC ha puesto en conocimiento de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado, dependiente del Ministerio de Hacienda, el expediente sancionador para que las empresas participantes en el cártel queden sujetas a una prohibición de contratar con el sector público, excepto en el caso de las compañías que solicitaron acogerse al Programa de Clemencia de la CNMC. Es el caso de la empresa Navec, con planta en Llanera, que realizó la denuncia y se beneficia así de la exención del pago de la multa, excepto un directivo que se negó a cooperar, y de Enwesa que aportó elementos de prueba durante la investigación y se le reduce la sanción un 50%.

El organismo presidido por José María Marín Quemada considera que las empresas sancionadas crearon un entramado para repartirse clientes y licitaciones, intercambiar información sensible con sus competidores, realizar ofertas de cobertura y fijar compensaciones y precios. Tales actuaciones se consideran constitutivas de un cártel, lo que es una conducta prohibida.

Desde el 18 de enero de 2001 hasta la realización de las inspecciones en julio de 2017, el cártel se repartió al menos 746 licitaciones, según la CNMC. Los concursos privados en los que participaron los realizaron cerca de una veintena de clientes, entre los que se encuentran fundamentalmente empresas del sector energético y petroquímico. Se han acreditado, además, al menos 18 reuniones a las que acudían las compañías de ámbito nacional o que operaban en varias zonas para coordinar el cártel. En ellas, diferenciaban los proyectos en los que les interesaba realizar ofertas de los que, por su dimensión, se dejaban «para empresas locales», coordinados por una compañía de ámbito nacional, que era la encargada de organizar la presentación de las ofertas con las firmas locales, cuya actuación era complementaria, pero necesaria, para hacer efectivos los acuerdos anticompetitivos.

El 'modus operandi' de la trama fue evolucionando debido a su larga duración. En una primera etapa, la empresa designada para ser la adjudicataria daba sus precios para que fueran elevados por las demás mediante ofertas de cobertura hasta un cierto porcentaje y, en una etapa posterior, las compañías se intercambiaban versiones de archivos Excel, que iban rellenando cada una con los precios y las ofertas de cobertura. Posteriormente, establecieron códigos propios, como números o siglas.

Los mecanismos de contacto entre los partícipes de la trama también fueron evolucionando a lo largo de 17 años para dificultar su detección, desde faxes y contactos telefónicos hasta WhatsApp o correos electrónicos.