La compleja desaparición del vehículo diésel

Fábrica de coches Renault en Valladolid. /  AFP
Fábrica de coches Renault en Valladolid. / AFP

Fabricantes alertan del riesgo de prohibir la matriculación de estos vehículos por la dependencia económica, laboral y social

J. M. CAMARERO MADRID.

Hace solo dos años, seis de cada diez coches que se compraban en España eran diésel. Ahora, este tipo de vehículos nuevos representan un 26% de todas las ventas. La eficiencia en el consumo, la potencia y la durabilidad -las grandes bazas- ya no llaman tanto la atención a los conductores porque ven con temor los anuncios restrictivos sobre el futuro de estos modelos: el precio del combustible subirá hasta ser similar al de la gasolina y habrá prohibición de circulación en determinadas zonas de las ciudades. ¿Quién está dispuesto a pagar 3.000 o 4.000 euros más, de media, por un diésel sin saber qué va a ocurrir con ese coche en pocos años?

Esa es la pregunta que se hacen muchos ciudadanos, y que pocos políticos se atreven a responder con claridad, a pesar de que el diésel está íntimamente ligado a la economía española: cada año salen de las siete grandes fábricas de coches más de 1,2 millones de vehículos con esta tecnología, de los casi tres millones que se producen en esas plantas. El trabajo que desarrolla toda la industria (diésel y también gasolina) representa un 10% del PIB y emplean a nueve de cada cien trabajadores. Sin los coches no hubiera sido posible la recuperación, y sin esta industria será complicado afrontar cualquier otra época de recesión.

La propuesta del Gobierno actual aboga por prohibir la matriculación de todo tipo de vehículos de combustión a partir de 2040. Los Presupuestos del Estado de 2019, que finalmente no han sido tramitados, incluían el inicio de la equiparación del precio del gasóleo y las gasolinas. Pero la medida no ha contado con el respaldo de PP o Ciudadanos. Pablo Casado ha indicado que si llega a gobernar «no prohibiría» el diésel. Albert Rivera, ha atacado constantemente el «impuestazo» que suponía el aumento del precio del diésel. Ha sido una de las batallas políticas de los últimos meses de legislatura sin que todavía se haya puesto un plan a largo plazo encima de la mesa.

Mientras, la industria de la automoción ha alertado en varias ocasiones sobre las propuestas del Ejecutivo. Para el presidente de la patronal de concesionarios (Faconauto), Gerardo Pérez Giménez, la prohibición de la venta en 2040 «genera incertidumbre entre los compradores e impacta ya en todo el sector». En ese sentido se manifiestan desde Anfac, la organización que aglutina a los fabricantes españoles: «La solución no es poner fecha de caducidad, sino ir eliminando de forma decisiva los vehículos viejos que siguen circulando y que emiten hasta un 90% más que un moderno diésel Euro 6». Recomiendan a los partidos «no matar al diésel antes de tiempo». De hecho, KPMG estima que en 2030 hasta un 46% del parque de vehículos seguirá siendo diésel en sus diferentes versiones.