Los concesionarios asturianos tienen que deshacerse de 600 vehículos en cincuenta días

Los concesionarios asturianos tienen que deshacerse de 600 vehículos en cincuenta díasGráfico

Los descuentos llegan a los 6.000 euros antes de que el 1 de septiembre sea obligatoria la homologación europea de emisiones para todos los vehículos nuevos

SUSANA BAQUEDANO GIJÓN.

A partir del próximo 1 de septiembre de 2018, habrá un antes y un después en la industria del automóvil. Esta es la fecha elegida para que cambie el sistema de medición de los consumos y emisiones y entre en vigor la nueva normativa WLTP, que en inglés responde a las siglas de Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure.

Se trata de una respuesta de la Unión Europa para que los usuarios conozcan de una forma más verídica cuál es el consumo real del coche que quieren adquirir. Para ello los test que tienen que superar los coches son más exigentes. Con el WLTP, el examen dura 30 minutos, el recorrido es de 23,2 kilómetros, hay cuatro fases de conducción, la media de velocidad es de 46,5 km/h, la máxima se sitúa en 131 km/h y se tendrá en cuenta los diferentes equipamientos de los vehículos. Todos los vehículos que lleguen a los concesionarios para la venta tendrán que tener ya esta homologación o no podrán ser comercializados como nuevos en la UE.

Si ya de por sí julio y agosto son siempre meses de movimiento en los concesionarios, porque hay más tiempo para comprar y buenas ofertas para dar salida a vehículos matriculados por las propias marcas y kilómetros cero en el primer semestre, este año se prevé un verano frenético. Todos los vehículos que lleguen a los concesionarios para la venta tendrán que tener ya esta homologación o no podrán ser comercializados como nuevos en la UE a partir del primer día de septiembre. Por ello, en este mes y medio que queda hasta el 1 de septiembre, los concesionarios asturianos quieren deshacerse de entre 300 y 600 vehículos, según los cálculos de la Asociación del Automóvil del Principado de Asturias (ASPA).

Su vicepresidente, Jesús Jardón, explica que «los fabricantes tienen un límite del 10% de las ventas del año anterior para poder vender durante un año sin acogerse a la nueva homologación. Esto está llevando a que estos meses -desde junio a agosto- las campañas de las marcas sean mucho más agresivas que en otra época del año. Lo que exceda de ese cupo, si quedara algo, será lo que se automatricule a finales de agosto y se venda como 'kilómetro cero' en los siguientes meses».

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Este conjunto de acciones de las marcas y de automatriculaciones, unido al cambio de homologaciones, encarecerá los precios de los coches, lo que hace que estos dos meses de verano sean «una buena oportunidad para adquirir un vehículo nuevo en condiciones muy ventajosas en relación a los próximos meses», sostiene Jardón. Los concesionarios se verán obligados a ofrecer precios muy atractivos para quitarse de encima un 'stock' que podría convertirse en un lastre peligroso para su propia supervivencia. Por ello, los descuentos pueden llegar a 6.000 euros en algunos modelos, según Jardón.

Impuesto y precio

El nuevo protocolo de emisiones WLTP, mucho menos tolerante frente a los trucajes, supondrá un inminente incremento de los precios de los coches nuevos siempre que el nuevo Gobierno mantenga el sistema impositivo actualmente en vigor. Es así porque el impuesto de matriculación está vinculado a las emisiones de CO2 y ahora mismo solo lo pagan los vehículos que expulsan más de 120 gramos por kilómetro.

La nueva homologación mide emisiones reales en carretera. Los expertos dicen que pueden elevar el valor de CO2 de un vehículo respecto a la normativa actual hasta un 30 %, lo que se traducirá en saltos entre los distintos tramos del impuesto. De este modo, si actualmente el porcentaje entre los que no pagan y los que sí lo hacen está en un 75 y un 25 %, respectivamente, con el nuevo escenario esas cifras se invertirán.

Según Faconauto, la subida media se podría situar entre los 700 y los 1.000 euros por automóvil. Por su parte, la recaudación que obtendrían las comunidades autónomas, a las que fue transferido este tributo, se elevaría hasta los 900 o 1.000 millones, frente a los 350 millones que se ingresaron el pasado año. Para frenar su impacto en el mercado, las asociaciones del sector acordaron con el anterior Gobierno que, hasta comienzos de 2019 y a efectos impositivos, se aplicarán los valores actuales.

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