Las divisiones en la defensa europea lastran el desarrollo de una industria que compita con Estados Unidos

En el país teutón, el desarrollo del proyecto –que iniciará en 2026 su segunda fase– está a cargo de Airbus Defence and Space, mientras que en Francia corresponde a Dassault Aviation. En España es Indra quien lidera este programa de más de 100.000 millones de euros destinado a sustituir los Eurofighter y los Rafale.

Hace unas semanas, la compañía gala insinuó que sería capaz de realizar el programa en solitario y adaptarlo así a las necesidades de las Fuerzas Armadas del país. Alemania ve como inaceptables las demandas industriales del fabricante francés –que exige un control mayoritario– y, a raíz de ello, se filtró la posibilidad de recurrir a otros socios, como Reino Unido –que ya participa en el programa Eurofighter– o incluso Suecia, uno de los pocos países con capacidad autónoma para desarrollar aviones de última generación. Tras estos episodios, ambas partes apostaron por rebajar la tensión, con mensajes conciliadores desde París, primero, y más tarde desde Berlín, que descartó que se estén explorando socios alternativos.

No obstante, es importante tener en cuenta el nombramiento el pasado 6 de octubre de Sébastien Lecornu como nuevo primer ministro del país galo. Desde 2022, fue ministro de las Fuerzas Armadas y su posición se inclina hacia una mayor apuesta por la autonomía estratégica y soberanía tecnológica de Francia, lo que podría añadir más leña al fuego.

Más allá de este programa en concreto, las divisiones en el eje franco-alemán pueden poner en jaque el futuro de un sector estratégico para la UE. Los conflictos internos impiden el desarrollo de una industria de defensa fuerte, cohesionada y de gran escala, capaz de implementar y mantener sistemas avanzados de armamento y vehículos que igualen a los de su principal competidor transatlántico: Estados Unidos.

No obstante, no es el único problema. A diferencia de Europa, donde coexisten múltiples modelos de fragatas, submarinos o aviones de combate, el país que gobierna Donald Trump cuenta con una flota estandarizada que facilita la interoperabilidad, reduce costes gracias a las economías de escala y mejora la eficiencia operativa. Esta homogeneización le permite mantener una ventaja estratégica significativa, ya que sus Fuerzas Armadas pueden operar de manera más integrada y con menores gastos logísticos.

En contraste, la diversidad de plataformas en Europa no solo incrementa los costes de producción y mantenimiento, sino que también complica la cooperación entre países y dificulta la integración de nuevas tecnologías. Ese es, precisamente, uno de los puntos que la Comisión Europea quiere solventar en su programa de rearme. Airbus es, en esencia, un claro ejemplo de lo que Bruselas plantea. Se constituyó como un consorcio paneuropeo para fortalecer la industria aeronáutica frente al dominio estadounidense. Inicialmente, por Francia, Alemania y Reino Unido, aunque España se unió más tarde.

En nuestro país –y, en concreto, en Asturias– también han surgido tensiones entre dos de los principales actores de la industria de defensa nacional, a raíz del intento del Gobierno de adquirir Santa Bárbara Sistemas (SBS) a través de Indra. Todo con el objetivo de consolidar a la firma española como el 'campeón nacional' de la defensa, una empresa respaldada por el Estado —la SEPI controla el 28%— que proteja la soberanía industrial y ejerza de tractor del resto del ecosistema productivo, como ocurre en Alemania con Rheinmetall, en Francia con Thales o en Italia con Leonardo. En cualquier caso, desde Bruselas consideran que precisamente la competencia entre ellos genera duplicidades y una asignación ineficiente de recursos.

Ante la negativa de General Dynamics, matriz estadounidense de SBS, de vender su filial española, la compañía presidida por Ángel Escribano decidió dar el salto al mercado de vehículos blindados con la compra de El Tallerón, sede de la nueva división Indra Land Vehicles. En pocos meses, ambas empresas competirán directamente en la región: Santa Bárbara seguirá operando en la fábrica de armas de Trubia, mientras Indra iniciará su actividad en Gijón con el ensamblaje de los VCR 8x8 Dragón para el Ejército de Tierra. Hace menos de un mes, durante el Día de la Artillería, Santa Bárbara lanzó un claro mensaje de unidad a la industria nacional: «Los objetivos comunes solo se pueden conseguir colaborando y no confrontando».

En las últimas semanas, el papel de Indra ha dado un salto importante al hacerse con gran parte de los programas del Ministerio de Defensa para modernizar las Fuerzas Armadas. En el ámbito de las plataformas terrestres, se adjudicó dos contratos a los que también aspiraba Santa Bárbara, el Sistema de Obús Autopropulsado (ATP) Cadenas –para el que la filial de General Dynamics propone su prototipo Némesis, desarrollado en Asturias–, con una prefinanciación de 1.821 millones de euros, y el de Vehículos Lanza Puentes VLP Ruedas, dotado con 190 millones. En la actualidad, Indra y Santa Bárbara mantienen conversaciones para la ejecución de estos programas, pero la primera ya ha manifestado que se encuentra en negociaciones con más empresas, como la alemana Rheinmetall.