El Ejecutivo pide compensaciones por el IRPF y no prevé rebajar el tramo autonómico

Rechaza las críticas por gozar de superávit y sostiene que su esfuerzo inversor es «enorme»

A. SUÁREZ OVIEDO.

El Gobierno asturiano muestra su rechazo a la reforma fiscal del Ejecutivo central por tierra, mar y aire. Primero expresaron su descontento el propio presidente, Javier Fernández, y la consejera de Hacienda, Dolores Carcedo. Ayer hizo lo propio el portavoz del gabinete, Guillermo Martínez, ya con todos los datos sobre la mesa y asentada la convicción de que los cambios decididos por el Ministerio de Hacienda comprometen la suficiencia financiera de la comunidad y ponen en riesgo la prestación de los servicios públicos. De ahí que Martínez incidiese en la necesidad de que la previsible pérdida de recursos que sufran las regiones sea compensada por el Estado.

Carcedo defenderá esta postura en la reunión del Consejo de Política Fiscal convocada para esta tarde en Madrid, en la que se tratarán tanto la reforma fiscal como los objetivos de déficit y deuda hasta 2017, con la revisión del modelo de financiación autonómica como trasfondo. La titular de Hacienda instará al ministro, Cristóbal Montoro, a compensar a las comunidades hasta el último euro que puedan perder con la aplicación de las nuevas medidas, singularmente la rebaja del IRPF. El Gobierno central debe «hacerse cargo» de ese posible agujero presupuestario «en su totalidad», indicó ayer Martínez.

El portavoz y titular de Presidencia hizo una enmienda de totalidad a la reforma. Sostuvo que su alcance sobre la ciudadanía será «limitado» y circunscrito a las rentas altas mientras compromete la solidez financiera de las comunidades. Habló de una «oportunidad perdida» para haber emprendido una verdadera reestructuración del sistema tributario que aporte «solidez» a los ingresos y evite la competencia fiscal. Y dio a entender que el Principado no atenderá la petición de Montoro de que las regiones sigan por este camino y fomenten, a su vez, las bajadas de impuestos, comenzando por el tramo autonómico del IRPF.

«Difícilmente es entendible una bajada de impuestos cuando hay que sostener los servicios públicos», objetó Martínez, que señaló que las necesidades en el ámbito de los servicios -sanidad, educación, política social...- son «mayores que nunca» a consecuencia de la crisis. Sí lo hará Madrid, según anunció su presidente, Ignacio González, en caso de que las medidas decididas por Montoro perjudiquen a algún tramo de renta.

También en materia presupuestaria, el portavoz salió al paso de las críticas dirigidas al gabinete por el hecho de presentar superávit en sus cuentas en el primer cuatrimestre del año. «Es la expresión contable del fracaso y la inutilidad del Gobierno de Javier Fernández», aseveró el martes el presidente de Foro, Francisco Álvarez-Cascos. Martínez, sin entrar en la batalla de las cifras concretas con el argumento de que toca esperar al cierre del ejercicio, defendió la inversión impulsada por el Ejecutivo en estos años. «Un esfuerzo enorme», dijo, el segundo más alto del país en relación con su PIB, aludiendo a datos de 2013 que, prometió, tendrán continuidad también este ejercicio.

En otro orden de cosas, el Consejo de Gobierno aprobó una subvención de 5,2 millones para financiar 27 proyectos empresariales. El programa de ayudas tiene como objetivo estimular «la inversión productiva y la creación de empleo». Asimismo, y también a través de la Consejería de Economía, se autorizó un gasto de 2,9 millones para financiar el coste laboral de la plantilla de los centros especiales de empleo.