El Principado justifica la gestión de Sedes y siembra dudas sobre el futuro de la empresa

Guillermo Martínez, ayer, al término del Consejo de Gobierno. /
Guillermo Martínez, ayer, al término del Consejo de Gobierno.

Asegura que la sentencia que anula el ERE «agrava» una situación que ya es «extremadamente complicada» y que habrá que tomar decisiones

ANDRÉS SUÁREZ OVIEDO.

El Gobierno asturiano no puso ayer pegas a la gestión que la dirección de la empresa pública Sedes ha realizado en el ERE que pretendía despedir a 38 de sus 59 trabajadores, y que fue anulado el pasado lunes por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias al considerar «viciado» el proceso por la «ocultación maliciosa» de información por parte de la constructora a los empleados durante la negociación. El portavoz del Ejecutivo, Guillermo Martínez, que eludió pronunciarse sobre la posible asunción de responsabilidades políticas, tal y como se reclama desde la oposición, justificó la fallida reestructuración en la necesidad de afrontar una situación financiera «extremadamente complicada», y añadió que el fallo judicial «agrava» aún más la situación. El futuro de Sedes queda ahora en el aire y el gabinete socialista aparca la toma de decisiones a una reunión del consejo de administración convocada para el próximo lunes.

La sentencia del TSJA es durísima con la forma de actuar de Sedes en la tramitación del fallido expediente de regulación de empleo. Critica que se «aparentase» una negociación con los trabajadores cuando los 38 despidos ya habían sido decididos meses antes y de su ejecución dependía la concesión de un crédito bancario de Liberbank. Da a entender, pues, que se teatralizó una especie de diálogo «que en realidad no existió», lo que, en la práctica, implica que el periodo de consultas inherente a cualquier ERE no fue tal. Algo que, a la postre, invalida el proceso.

Pese a ello, y con el argumento de que el Ejecutivo regional no comenta sentencias, Martínez, en la comparecencia posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, evitó analizar los detalles de la misma y se limitó a justificar la necesidad de que Sedes tomase medidas si se quería garantizar la continuidad futura de la empresa. Con una situación financiera muy delicada y en un entorno de «drástica reducción» de actividad en el sector de la construcción, reflexionó, hubiera sido «irresponsable» quedarse parados y no actuar.

El portavoz tampoco entró a valorar las posibles responsabilidades asociadas al hecho de que el TSJA haya anulado el ERE de una empresa de mayoría pública -el Principado posee el 60% de la misma y Cajastur, el 40% restante- después de que el diputado de UPyD Ignacio Prendes pidiese explicaciones al Ejecutivo, primero, y la asunción de culpas políticas después. Sobre la cuestión previa, el gabinete no tiene previsto comparecer en la Cámara a petición propia para dar su versión de los hechos, aunque sí está «a disposición de los grupos» para responder a sus solicitudes de información.

No tardará mucho en hacerlo. Mañana mismo el presidente, Javier Fernández, tendrá que responder en el pleno de la Junta a una pregunta del portavoz de IU, Aurelio Martín, sobre el «comportamiento antilaboral y antisindical» de la dirección de Sedes después del «varapalo durísimo» que ha supuesto la sentencia. Se prevé un tenso cara a cara, puesto que ya ayer Martín tildó de «absolutamente inaceptable» el proceder de la constructora. También hay registradas iniciativas parlamentarias por parte de Foro y el Partido Popular.

«Decisiones oportunas»

Tanto la sentencia en sí como la primera reacción del Principado a la misma generan en torno al futuro de Sedes una sensación de incertidumbre. Guillermo Martínez afirmó que será en la reunión del consejo de administración de la empresa, el lunes, donde se tomen las «decisiones oportunas» orientadas, en principio, a darle un futuro. Pero el escenario es complicado. Si se hace caso a los argumentos esgrimidos hasta ahora, Sedes es inviable con su plantilla actual, lo que conduciría a negociar otro ERE, aunque con una actitud y unas condiciones bien diferentes a las mostradas en el anterior -y fallido- proceso.

Y está pendiente, además, la operación de subasta pública del 60% de los títulos que el Principado posee en la empresa, después de que el primer intento embarrancase ante la inexistencia de ofertas. La Consejería de Hacienda y Sector Público, que se ocupa del asunto, estaba aguardando a la resolución del expediente de regulación de empleo para volver a abrir la puja, ya con una plantilla más reducida, lo que teóricamente podría facilitar la venta. Pero ahora todo ha quedado en el alero y a expensas de los acontecimientos.