EdP construirá dos plantas de desnitrificación para alargar la vida de sus centrales asturianas

Parece que las térmicas de Soto de Ribera y Aboño serán las primeras centrales asturianas en adecuarse a lo exigido por la directiva 2010/75 de la Unión Europea sobre emisiones industriales. Con este objetivo, su propietaria, EdP, aprobó este verano las inversiones necesarias para asegurar la continuidad de sus instalaciones en el Principado. Y esto se ha materializado en un proyecto -en marcha desde septiembre-, que hoy presentará el consejero delegado de la compañía en España, Miguel Stilwell D'Andrade. Él será el encargado de desgranar ante los medios de comunicación la construcción de dos plantas de desnitrificación, cuyo coste podría superar los 100 millones de euros. Las obras, que podrían alargarse durante un periodo aproximado de dos años, prepararán las centrales de carbón de la compañía de cara a la obligada aplicación de la normativa europea a partir de 2016.

Asturias cuenta en la actualidad con ocho grupos térmicos: los dos de Aboño y Soto de Ribera, propiedad de EdP; tres en Cangas del Narcea, de Gas Natural Fenosa, y uno en Lada (Langreo), de Iberdrola. Entre todas, suman 2.473 megavatios de potencia. Tres grupos -uno de los de Soto de Ribera y dos en Narcea- cerrarán por su antigüedad. Hace tiempo que EdP decidió el cierre del grupo II de Soto, acogido ya años atrás a un plan de reducción de emisiones vinculado a una directiva europea anterior.

Queda por ver si el resto de las empresas deciden finalmente realizar las inversiones para reducir sus emisiones o, tal y como también permite la ley, optan por reducir su número de horas de producción a 1.500 al año o a un total de 17.500 hasta verse obligadas a cerrar.

A finales del año pasado, el Ministerio de Industria se comprometió a ayudar a las eléctricas a adecuar sus térmicas a la norma de la UE, con la intención de asegurar la compra de mineral autóctono a partir del 1 de enero de 2015, cuando termina la vigencia del actual decreto de garantía del suministro. Pero ya a finales de 2014 no parece que se hayan puesto en marcha muchas medidas a este respecto.

Las reticencias de las empresas españolas a invertir los 1.500 millones de euros que serían necesarios en total se deben a la falta de un escenario claro que les permita tener la seguridad de que recuperarán el dinero. No hay que olvidar que con el fin del real decreto de suministro que incentiva la compra de carbón nacional, la generación eléctrica con carbón, la producción de mineral y el precio del mismo formará parte del ámbito de gestión de las empresas implicadas: eléctricas y mineras.