Las eléctricas negocian precios con las mineras para cerrar la compra de carbón

Las eléctricas han empezado a concretar los volúmenes de carbón nacional que están dispuestos a adquirir a las compañías mineras. Las negociaciones que desde hace ya semanas mantienen ambas partes se centran ahora en el precio de compra por lo que todo indica que en cuestión de días las empresas podrían recuperar su actividad. Fue el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, quien ayer adelantó a los sindicatos mineros algunos de los compromisos que están sobre la mesa. El más notable, el de la Hullera Vasco-Leonesa, con propuestas de compra que pasarían por suministrar 200.000 toneladas de carbón a Unión Fenosa, con destino a la central térmica de La Robla -una cantidad, en todo caso muy inferior a la producción de esta minera- y 90.000 a EdP, que en 2014 ya adquirió producción a esta empresa.

La eléctrica asturiana, que desde hace años asume la práctica totalidad de la producción de Hunosa -toda menos la que la empresa pública quema en su propia térmica, la de La Pereda-, reafirma así su compromiso con el mineral autóctono, en línea con la millonaria inversión -en torno a 100 millones- que llevará a cabo para adecuar sus térmicas de Aboño y Soto de Ribera a la normativa ambiental europea, con la instalación de sendas plantas de desnitrificación. También Iberdrola, que estaría dispuesta a comprar la producción pendiente de 2014, y Endesa, mantienen negociaciones con grupos mineros. En el caso de la eléctrica que preside Borja Prado atañen a Unión Minera del Norte (Uminsa), del empresario Victorino Alonso y con explotaciones en Asturias, y a la Compañía Minera Astur Leonesa (CMAL), del empresario Rodolfo Cachero.

La buena noticia, aún por concretar, llega tras varios meses de espera que han dejado al sector minero prácticamente al borde de la quiebra, ante la imposibilidad de dar salida a su producción.

El planteamiento de compra que ayer trasladó Nadal les constaba ya a las organizaciones sindicales aunque nada trasciende de momento de los precios que proponen las eléctricas y de si estos serán aceptado o no. Todo dependerá, en todo caso, de los volúmenes que ambas partes pongan sobre la mesa. No es lo mismo un compromiso de compra para dar salida a 50.000 toneladas que a 200.000. Al margen de los acuerdos que eléctricas y mineras consigan cerrar, el sector minero está a la espera de que se aclaren las condiciones del nuevo mecanismo de incentivos a la quema de carbón comprometido para 2016.

Para incentivar la desnitrificación de las centrales que funcionan con mineral nacional, el Ministerio ha ideado un mecanismo de pagos por capacidad sujetos a la desnitrificación y a la adquisición estable de mineral. De esta forma, las eléctricas percibirán 90.000 euros por megavatio (MW) de potencia instalada en sus centrales.

El Gobierno calcula que se acogerán al mecanismo, como mucho, 4.500 MW instalados entre nueve centrales, por lo que el coste máximo de la medida será de 405 millones de euros. Desde la patronal Carbunión rebajan la partida económica necesaria a 363 millones porque las centrales de Anllares y Compostilla 2, previsiblemente, no se adaptarán. En todo caso, las eléctricas tienen de plazo hasta el 30 de septiembre para consignar la inversión.

En cuanto a las toneladas anuales de carbón a comprar, la propuesta de Industria fija que las compañías energéticas deberán adquirir hasta 2018 el carbón autóctono equivalente a una cantidad anual en términos de energía unitaria de seis millones de termias PCS/MW instalado (de poder calorífico superior por cada megavatio instalado). Según Carbunión, la producción máxima será de 5,2 millones de toneladas, que quedan lejos de las 6,7 que fija para este año el Plan del Carbón y de las 6,5 de 2016. Para las mineras esta cantidad sería «suficiente siempre que se modifique el céntimo verde» algo que Industria, por el momento, descarta.

El texto obra en poder de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) desde finales de mayo. El organismo debe emitir un informe en los próximos días en el que dará por buena o desautorizará la orden ministerial. Una vez el Gobierno reciba el informe elevará el borrador definitivo a la Comisión Europea, que deberá evaluar si el sistema de pagos por capacidad constituye o no una ayuda de Estado.