«Analizamos los obsequios que nos llegan para saber si los podemos aceptar»

Bernardo Martínez. /
Bernardo Martínez.

A. M. OVIEDO.

Sin legislación que regule el buen gobierno y la transparencia en el sector privado, más allá de códigos de buena conducta de aplicación voluntaria y dirigidos únicamente a las empresas que cotizan en Bolsa, el compromiso en esta materia queda en manos de las propias compañías. Ayer, en la jornada sobre 'transparencia en las industrias tecnológicas' celebrada en Oviedo, se ponía como ejemplo el caso de General Dynamics Santa Bárbara Sistemas, uno de los principales suministradores de las Fuerzas Armadas de España, que tiene en Trubia uno de sus centros de trabajo.

Bernardo Martínez Almeida, responsable del programa de ética en esta firma con sede central en Madrid, dio a conocer el código de conduca elaborado por esta compañía -al que denominan libro azul- que se sustenta, ilustró, en valores fundamentales para esta firma, entre los que está la honestidad. Y ésta, completó, «estamos convencidos de que promueve la transparencia».

Con este criterio la compañía tiene establecidas una serie de directrices y procedimientos específicos a través de una guía en la que se habla, por ejemplo, de qué hacer en caso de que algún empleado considere que está siendo sobornado o reciba un obsequio por parte de un proveedor. Fue el propio consejero delegado de Ontier, Bernardo Gutiérrez de la Roza, quien durante el debate que se abrió tras la intervención de los diferentes ponentes quiso saber dónde debía ponerse el límite en esta materia. «No vemos la necesidad de que los proveedores tengan que hacernos ningún obsequio», respondió el representante de la empresa Santa Bárbara, quien comentó que cuando algún empleado recibe algún tipo de regalo, especialmente en campaña de Navidad, «lo analizamos y se autoriza o no en función de su valor».

El experto en ética empresarial subrayó la necesidad de que este tipo de códigos de buena conducta no queden en mero papel mojado, y para ello apuntó la importancia de que se garantice un «control y seguimiento» de su cumplimiento, se lleve a cabo un registro de las actividades, consultas y reclamaciones y se habiliten canales de ayuda.