La Audiencia Nacional juzgará a Duro y a su excúpula por las presuntas mordidas en Venezuela

En un auto recogido por Europa Press, la Audiencia Nacional señala que el proyecto fue una adjudicación directa, por decisión del presidente de Venezuela, sin un proceso de licitación previa. «Sin embargo, si hipotéticamente se admitiera el hecho de que dicha adjudicación fuera directa, ello tampoco excluiría conceptualmente la posibilidad de maniobras destinadas a corromper a las autoridades y funcionarios para conseguir, precisamente, dicha adjudicación», explica el documento, que apunta a una maniobra de corrupción de los funcionarios venezolanos.

Fuentes de la compañía señalan, sin embargo, que no se ha tomado ninguna decisión y que las cuestiones se deben resolver en la fase intermedia o en el juicio oral. De hecho, desde Duro se insiste en que se tienen «sólidos y fundados argumentos de exclusión de juicio y de defensa» y que «no existe elemento, constancia, evidencia o indicio alguno» de que la empresa sea responsable de algún delito. «Tras ocho largos años de investigación, por fin habrá oportunidad de probarlo», recalcan las mismas fuentes, mientras se lamenta el daño reputacional «que injustamente está sufriendo» el grupo. En este sentido, explican que están trabajando «con el fin de limpiar lo antes posible una imagen pública negativa que en nada se corresponde con la realidad de una compañía renovada y dinamizada, en plena transformación hacia el crecimiento y la recuperación de su liderazgo».

Fue en julio del pasado año cuando el juez Ismael Moreno acordó continuar el procedimiento penal respecto a un total de 12 personas y cuatro empresas, como solicitaba la Fiscalía Anticorrupción, mientras que ordenó el sobreseimiento provisional respecto a dos de las personas que participaron en ese proyecto. El instructor apuntaba a presuntos delitos de corrupción internacional, falsedad en documento mercantil y blanqueo de capitales, después de que, para la adjudicación de la obra, el entonces ministro de Energía Eléctrica, Rafael Ramírez, consiguiera «que se designara a la empresa española Duro Felguera». A cambio, defendía que esta «se comprometió a realizar varias entregas de dinero a funcionarios públicos venezolanos que determinaron dicha adjudicación».

Moreno detallaba que, para la construcción de la central, el grupo asturiano firmó «una serie de contratos con entidades y personas venezolanas que tenían por objeto encubrir el pago de comisiones o sobornos» y que se pagaron, al menos, 105 millones de dólares a Villalobos a través de «sociedades interpuestas».

Desde Duro Felguera, se volvió a trasladar ayer «su total y profundo rechazo» a estas consideraciones. «Nada de lo practicado en la instrucción indica que el grupo haya actuado de manera inadecuada o contraria a las normas legales imperantes», recalcaron fuentes de la empresa, que apelan a informes periciales que corroborarían la conformidad con la legalidad.

Por otro lado, se recuerda que este caso parte de la dirección de aquella época, renovada después completamente y que, desde 2018, ya no se guarda relación con los equipos anteriores. Fue precisamente aquella cúpula liderada por Del Valle la que tomó decisiones que llevaron a Duro Felguera al borde de la quiebra y a una situación compleja de la que aún no ha logrado desligarse por completo, tras el rescate del Gobierno y la entrada de nuevos inversores. La actual, insisten, ha reforzado las políticas de transparencia.