El Principado reclama a Naturgy «alternativas» ante el cierre de la térmica de Tineo

El Principado reclama a Naturgy «alternativas» ante el cierre de la térmica de Tineo
Marta Alonso, Guillermo Martínez, Isacc Pola y Fernando Lastra, ayer en Ponga, tras el Consejo de Gobierno. / NEL ACEBAL

Representantes políticos alertan del riesgo de desabastecimiento eléctrico y subida de las tarifas para empresas y consumidores

P. LAMADRID GIJÓN.

El Principado se mostró ayer «contrario» al cierre de la central térmica de Soto de la Barca, en Tineo, después de que Naturgy (antigua Gas Natural Fenosa) confirmara el martes que había presentado la solicitud de clausura el pasado 20 de noviembre ante el Ministerio para la Transición Ecológica. Pero es indispensable que el departamento que dirige Teresa Ribera dé el visto bueno para proceder a su desmantelamiento, puesto que tiene una potencia instalada superior a 50 megavatios. En este sentido, el consejero de Empleo, Industria y Turismo, Isaac Pola, apuntó que el Gobierno autonómico ha solicitado «en reiteradas ocasiones una regulación adicional al respecto de los procesos de cierre de esas instalaciones».

No obstante, puso de manifiesto la intención del Principado de promover «la búsqueda de actividades alternativas o complementarias» si el Ejecutivo central autoriza el cierre de la térmica. «Con la regulación actual procuraremos que el impacto que se produzca sobre la actividad económica y el empleo en el entorno sea el menor posible». Asimismo, Pola señaló que el Gobierno regional intentará que la generación de energía que se produce con carbón autóctono -«es el que nos preocupa de forma principal»- esté regulada mediante «un procedimiento ordenado, programado y consensuado, en la medida de lo posible, con los gobiernos autonómicos».

Pola señaló que Naturgy comunicó ayer formalmente a la plantilla de la térmica de Soto de la Barca -integrada por cerca de 130 trabajadores entre fijos, eventuales y de contratas- que había presentado la solicitud de cierre. Aunque la intención de la empresa es agilizar el proceso, lo cierto es que los trámites podrían alargarse hasta un año y medio. «La baja y la desconexión de la red eléctrica estatal no es un proceso inmediato», apuntó Pola tras la reunión del Consejo de Gobierno celebrada en Ponga. No es la única térmica que Naturgy tiene intención de clausurar. Sus otras dos centrales, la leonesa de La Roba y la coruñesa de Meirama, correrán la misma suerte si el Gobierno central lo autoriza. Medidas que ya se esperaban, puesto que la empresa no había ejecutado las inversiones necesarias que permitirían la continuidad de estas térmicas a partir de 2020, como establece la UE. La multinacional se ha comprometido a recolocar a buena parte de la plantilla en otros centros de trabajo, así como a buscar salidas individualizadas y pactadas con el resto.

«Alumbrar con velas»

La decisión de Naturgy también preocupa a partidos políticos y sindicatos. Susana López Ares, diputada nacional del PP, cuestionó cómo se va a garantizar el suministro eléctrico en Asturias si cierran todas las térmicas y se preguntó si el Gobierno pretende que «se alumbre la gente con velas». Además, el grupo popular en el Ayuntamiento de Tineo reclamó por escrito la convocatoria de un pleno extraordinario para abordar el cierre a la central de Soto de la Barca.

Para el secretario general de Foro, Adrián Pumares, «el cierre tanto de Soto de la Barca como de Lada supone un golpe perjudicial para el tejido productivo e industrial español y asturiano, pone en riesgo la seguridad energética, es decir, un adecuado suministro de energía, y encarecerá el precio del recibo de la luz, con el consiguiente perjuicio a la industria».

Segundo González, diputado nacional de Podemos, declaró que su partido va «a exigir a Pedro Sánchez que no autorice el cierre precipitado de esta central ni de ninguna otra sin que las empresas y el Gobierno pongan encima de la mesa alternativas para los trabajadores y para las comarcas que permitan que se cree más empleo de calidad del que se pueda destruir», subrayó.

Por su parte, el secretario general del SOMA-Fitag-UGT, José Luis Alperi, reclamó al Ministerio para la Transición Ecológica una «planificación energética que aborde, de una vez por todas, el mix de generación y un marco estable», al tiempo que criticó que las empresas sean quienes marquen la política en este ámbito en lugar del Ejecutivo. Asimismo, instó al Gobierno a explicar «cómo se van a sustituir esos megavatios y cuanto van a costar a las industrias y los hogares».

 

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