El comité de Alcoa pide la nulidad del ERE por ser cada planta una empresa

Los sindicatos no habían esgrimido hasta ahora este argumento para solicitar la nulidad del proceso, aunque sí habían reclamado que la negociación de cada factoría se realizara por separado y en cada comunidad autónoma, no en Madrid. Sin embargo, la compañía se negó a esto amparándose en las potestades que le otorga la última reforma laboral. Pese a ello, la representación legal solicitó ayer la nulidad y recurrió a la jurisprudencia para justificar esta petición, en concreto a sentencias que establecen la prohibición de que un grupo de empresas mercantil promueva un único procedimiento de despido colectivo para dos compañías diferentes.

Entre otros fallos, recuerdan que la sentencia de la Audiencia Nacional del 12 de junio de 2014 declaró nulo el despido colectivo de 1.190 trabajadores puesto en marcha por Coca-Cola Iberian Partners, entre ellos los de su planta de Asturias. Esta sentencia señalaba que «para que el despido colectivo pueda negociarse en el ámbito de un grupo, no basta con que este grupo sea patológico laboral, sino que esta condición debe ser reconocida por todas las partes de la negociación», algo que no sucede en el caso de los comités de Alcoa, que alegan para pedir la nulidad del ERE que no existe ese grupo de empresa, de hecho cada planta tiene su CIF, su plantilla, su patrimonio y sus resultados. «Existen cuentas económicas y documentación distinta para cada una de las empresas así como auditorías diferenciadas que en ningún momento acreditan la existencia de grupo laboral de empresas», señalan los comités en su alegación, por lo que solicitan que se vuelvan a tramitar los procedimientos de extinción y se constituyan las mesas negociadoras de cada una de las compañías «en lugar de la tramitación de este expediente de forma unitaria y transgrediendo la ley».

Pese a estos argumentos, la compañía se reafirmó ayer en la legalidad del expediente y también volvió a negarse a retirar el ERE, como solicitaron de nuevo los representantes de los trabajadores. Además, la multinacional calculó que cerrará 2018 con unos 90 millones de euros de pérdidas entre las dos plantas, una subida sustancial con respecto a las cifras que había ofrecido en otras ocasiones y que justificó en que no esperan recibir cuantía alguna por las compensaciones por las emisiones indirectas de CO2, unas ayudas que tenían asignados 150 millones de euros en el presupuesto del Estado y que, aún en diciembre, no se han aprobado, por lo que las han retirado de su previsión.

Ante las justificaciones de la empresa para el cierre, entre las que volvió a citar la obsolescencia de las factorías afectadas, los comités contraargumentaron los datos y recordaron que factorías similares dentro de Alcoa seguirán con su actividad.