El Congreso aprueba una declaración institucional de apoyo a los trabajadores de Alcoa

En ella, instan a la empresa a retirar el ERE y a buscar soluciones «urgentes» para asegurar todos los empleos

L. CASTRO GIJÓN.

Unidad. Es lo que demostró ayer el Congreso de los Diputados al aprobar una declaración institucional de apoyo a los casi 700 trabajadores de las plantas de Alcoa en Avilés y La Coruña. A través de una declaración, leída por la secretaria primera de la Cámara baja, Alicia Sánchez-Camacho, exigieron a la multinacional que encuentre una «solución urgente que garantice el mantenimiento de la actividad empresarial y el empleo».

Todos los grupos del Parlamento español, en bloque, rechazaron la «decisión unilateral de la empresa de cerrar» ambas instalaciones, que son «piezas claves del tejido productivo» tanto de Galicia como de Asturias. Reclamaron, asimismo, «unidad de acción» entre todas las instituciones implicadas. Además, instaron a esas mismas administraciones -Gobierno central y los dos autonómicos- a «abrir una mesa de negociación» con los representantes de la multinacional estadounidense y los agentes sociales.

Asimismo, asumieron el compromiso de «hacer frente común para seguir defendiendo los derechos de los trabajadores y el futuro de esta industria en Galicia y Asturias», además de «proporcionar seguridad jurídica y permitir al conjunto de empresas electrointensivas competir en igualdad de condiciones con el resto de factorías a nivel internacional».

Menos palabras, más hechos

Desde que Alcoa anunció su decisión de cerrar las plantas de Avilés y La Coruña el pasado 17 de octubre, fueron numerosas las muestras de rechazo emitidas por parte de los diferentes partidos políticos y representantes institucionales. Unos gestos que si bien al principio fueron recibidos con los brazos abiertos por parte de los trabajadores, ahora comienzan a quedarse cortos ante la cercanía del 1 de diciembre, cuando Alcoa podría iniciar los despidos. Así lo constatan los representantes sindicales de ambas factorías que exigen al Gobierno central que «sea más firme» en el conflicto.

Le piden, entre otras cosas, que obligue a la empresa a retirar el ERE de la mesa de negociación e incluso que intervenga en ambas plantas si la multinacional no cede. Esta última opción ya quedó descartada el pasado domingo tras las polémicas declaraciones de la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, quien se comprometió, no obstante, a estudiar «en profundidad» el expediente de regulación de empleo.

 

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