El Ejecutivo de Sánchez ve «absolutamente razonable» el estatuto de las electrointensivas

José Manuel Zapico, Damián Manzano y José Manuel Gómez de la Uz, ayer, en Oviedo. /  HUGO ÁLVAREZ
José Manuel Zapico, Damián Manzano y José Manuel Gómez de la Uz, ayer, en Oviedo. / HUGO ÁLVAREZ

CC OO señala que la UE permite ayudas por los costes indirectos del CO2 tres veces superiores a las que fija el Gobierno

S. S. F. / N. A. E. OVIEDO / GIJÓN.

Desde que el lunes pasado se conociera el borrador del estatuto para la industria electrointensiva al Gobierno le han llovido críticas. Le han llegado de todas partes, desde el sector empresarial a los sindicatos, pasando por organizaciones de consumidores que temen una factura de la energía aún más abultada. La ministra de Economía, Nadia Calviño, fue la encargada ayer de defender el documento, que consideró «absolutamente razonable».

Tras el Consejo de Ministros, aseguró también que «va al máximo de lo que está permitido por el régimen europeo». Una declaración que contrasta con las alegaciones que el Principado ya ha anunciado que va a presentar, reclamando que se apuren las posibilidades de la UE a la hora de otorgar ayudas por los costes indirectos del CO2. Ayer mismo, CC OO de Asturias puso cifras a estas críticas y argumentó que, frente a los 76 millones de euros que pone sobre la mesa el Gobierno, la Comisión permitiría tres veces más.

El secretario general de CC OO de Industria, Damián Manzano, recordó que la normativa europea permite un tope del 20% de lo recaudado por este concepto, que en España supera con creces los mil millones de euros, y cifró en 235 las posibles compensaciones. De hecho, el presupuesto prorrogado del PP incluye una partida de 150 millones, que fue acordada durante la negociación con Foro. «Al Gobierno en este examen se le permite copiar, ir con los apuntes, y no lo está haciendo», señaló Manzano, en referencia a cómo apuran sus posibilidades países como Alemania o Francia.

Frente a esto, Calviño aseguró también que el precio de la energía «no es el único factor determinante» para evitar deslocalizaciones y justificó al Gobierno, que ha estado implicado «al 100%» para encontrar soluciones para las compañías que han decidido mermar su plantilla o cerrar.

Sin embargo, ante un estatuto que CC OO de Asturias considera «decepcionante» y que, según su secretario general, José Manuel Zapico, no permite precios «estables, predecibles y competitivos», el sindicato ha presentado sus alegaciones. Además de agotar las posibilidades que ofrece la UE para compensar los costes indirectos del CO2, reclama exenciones para los impuestos a la generación y de electricidad y también para el coste de las renovables en las tarifas de acceso y del transporte, así como la diferenciación entre el consumidor electrointensivo y el hiperelectrointensivo, que debería tener más ayudas, y convertir en un cargo ambiental el céntimo verde al carbón de importación que permita compensar a las electrointensivas.

UGT-FICA también ha anunciado alegaciones, que pasan por esa distinción entre grandes consumidores de electricidad, diversas exenciones de impuestos y peajes y el incremento de las ayudas por los costes indirectos del CO2. Pero también por aumentar las garantías de mantenimiento del empleo y de la actividad para recibir las ayudas, modificar el actual sistema de interrumpibilidad, incidir en cumplir los compromisos de interconexión del sistema español, fomentar el autoconsumo industrial y la cogeneración o un mayor compromiso con los contratos bilaterales a largo plazo.

Por otro lado, la Cámara de Comercio de Avilés subrayó su preocupación por «la falta de sensibilidad del Gobierno» con la gran industria y consideró que el estatuto va a dificultar la continuidad de la planta de Alcoa. «El borrador propone un marco de medidas de corto plazo y de incertidumbre sobre la dotación presupuestaria», censura la entidad empresarial, a la vez que anima a presentar alegaciones.