«El empresario debe tener en cuenta sus descuidos, pero no vigilar al trabajador»

«El empresario debe tener en cuenta sus descuidos, pero no vigilar al trabajador»
El magistrado del Tribunal Supremo Luis Fernando de Castro y Paz Menéndez Sebastián, profesora titular de Derecho Privado y de la Empresa de la Universidad de Oviedo. / HUGO ÁLVAREZ

Magistrados y graduados sociales debaten sobre la responsabilidad de las entidades en los accidentes laborales

L. CASTRO OVIEDO.

Quien crea el riesgo es el empresario y quien lo sufre el trabajador. Bajo esta premisa debatieron ayer magistrados y graduados sociales acerca de la responsabilidad que tienen ambas partes en los accidentes laborales y sus consecuentes 'castigos'.

El magistrado de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, Luis Fernando de Castro, comenzó su intervención en la mesa de debate del curso de verano organizado por el Colegio Oficial de Graduados Sociales de Asturias asegurando que «el empresario debe tener siempre en cuenta los descuidos de un trabajador, pero no vigilarle». Es decir, que el propietario de la entidad tiene la «obligación» de asegurarse de que se cumplen las medidas de seguridad e, incluso contar con los posibles despistes que puedan cometer sus empleados en esta materia.

Para los casos más graves de incumplimiento de esta responsabilidad existe una sanción punitiva llamada recargo, una cuantía extra de las prestaciones a las que tendría derecho el trabajador y que deben ser abonadas por el empresario.

Sin embargo, recientemente algunos magistrados como Luis Fernando de Castro han defendido la posibilidad de asegurar esta sanción con una compañía de seguros para evitar que el pago de la misma pueda llevar a la quiebra a la empresa y finalmente el trabajador no llegue a percibirlo. Por ello, De Castro consideró que las primas de un seguro van en función de la siniestralidad de la entidad y por tanto, el propietario ya se vería, en cierto modo, sancionado si no cumpliera con su responsabilidad en materia de seguridad. Un argumento que no convenció a Paz Menéndez Sebastián, profesora titular de Derecho Privado y de la Empresa de la Universidad de Oviedo, quien aseguró que con el aseguramiento se perdería el carácter sancionador del recargo, que es «necesario» para los casos más graves.

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