El encarecimiento de los derechos de emisión debilitará la competitividad industrial

El encarecimiento de los derechos de emisión debilitará la competitividad industrial

El año arranca con un precio por tonelada de dióxido de carbono cinco veces superior a la media registrada en 2018 | Las previsiones apuntan a un fuerte aumento del coste de los permisos de C02

NOELIA A. ERAUSQUIN GIJÓN.

La cruzada por la descarbonización no es solo cosa de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, y del Gobierno de Pedro Sánchez. La Unión Europea está dispuesta a liderar el camino hacia una economía neutra en carbono y para ello instauró hace 14 años el mercado de derechos de emisión de CO2, con la esperanza de que las industrias hicieran un mayor esfuerzo a la hora de reducir su contaminación. Ha habido avances, aunque más por las normativas medioambientales cada vez más restrictivas que por el coste que suponían esas emisiones. Pero esto va a cambiar. La cotización del CO2 se disparó en 2018 y esta escalada no ha hecho nada más que comenzar. Se prevé que continúe en esta evolución alcista en 2019 lo que impacta de lleno en la competitividad de la gran industria asturiana.

Todos los analistas coinciden en que el mercado de derechos de emisión seguirá desbocado este año. De hecho, ya ha comenzado el ejercicio con alzas de varios puntos. Solo el viernes la tonelada de CO2 subió un 6.95%, hasta situarse en 23,40 euros, pero la previsión es que se sigan batiendo récords y supere ampliamente los 30 euros. La media del año pasado fue de 15,88 euros por tonelada, pero la tendencia al alza fue prácticamente constante. En enero la media fue de 8,34 euros y de ahí hacia arriba, con un pico en septiembre que después se moderó ligeramente, para volver a dispararse a finales de año. En diciembre el precio medio ya fue de 22,57 euros por tonelada, un 170% más que a principios del ejercio y un 287% más que el promedio de 2017.

Estos incrementos tienen un efecto directo en la economía asturiana. En un primer momento penalizan a las factorías que emiten CO2 con el objetivo de que reduzcan la contaminación y cambien sus métodos de producción hacia otros más verdes. Un ejemplo claro es lo que sucede con las centrales térmicas. Las empresas eléctricas están decidiendo cerrar la mayoría de estas instalaciones porque su actividad cada vez está más penalizada y resulta menos rentable. Por un lado tienen que acometer importantes inversiones para seguir funcionando a partir de 2020, cuando entra una legislación medioambiental más restrictiva, pero a esto se añade que se les suprimen los pagos por capacidad -sumas que reciben por estar disponibles para entrar en el sistema- y que al tener que comprar derechos de emisión más caros tienen más dificultades de entrar en el mix -resulta más barato recurrir a otras fuentes, como los ciclos combinados-

No obstante, cuando falten renovables, como son épocas de pocas lluvias y viento, se seguirá tirando de las térmicas, al menos en este 2019, y como sus costes serán superiores las eléctricas los repercutirán en la factura de la luz que pagan consumidores y gran industria, damnificada por partida doble.

Aunque existen ayudas para compensar los costes indirectos del CO2, las compañías electrointensivas tendrán que pagar mucho más por la energía que consumen, pero a la vez ellas mismas deberán recurrir al mercado de derechos de emisión para que se les permita desarrollar su actividad, que lleva aparejada contaminar. Se quejan empresas como Arcelor de que el proceso siderúrgico, incluso con las mejores técnicas disponibles, obliga a emitir CO2 y que en el mercado global del acero tienen que competir con compañías de otros países, como las turcas, las chinas o las rusas, que no tienen que acudir a ese mercado de derechos de emisión y que contaminan más, por lo que flaco favor se está haciendo para frenar el cambio climático si se las beneficia.

Las factorías asturianas de la multinacional siderúrgica necesitan emitir 1,76 toneladas de CO2 para producir una de acero y si hay que adquirir ese permiso se encarece cada una en más de 40 euros en comparación con las de países ajenos a este mercado de derechos de emisión. Es por este motivo por el que el presidente de ArcelorMittal y director general de la compañía en Europa, Aditya Mittal, insiste en la necesidad de imponer un arancel ambiental a los productos que no cuenten con estas penalizaciones. Su planteamiento es que se aborde la descarbonización no solo desde el punto de vista de lo que se produce en Europa, sino de lo que se consume, sobre todo, cuando su compañía está ensayando distintos métodos para reducir las emisiones, un esfuerzo que tampoco realizan sus competidores extranjeros.

Pero no es solo Arcelor. Una veintena de empresas asturianas están pendientes de los derechos. Además de la compañía siderúrgica, EdP, Asturiana de Zinc, Química del Nalón, Cementos de Tudela Veguín, Ilas, CAPSA o DuPont tienen que recurrir al mercado de derechos.

Causas de la subida

¿Por qué está subiendo de esta forma el CO2? Es una conjunción de factores, pero el principal es que la UE contempla un límite máximo de determinados gases de efecto invernadero que pueden emitir las instalaciones, un tope que ha ido reduciendo a lo largo del tiempo para intentar incentivar que la contaminación vaya menguando, se invierta en tecnologías con las que ganar eficiencia y que se reduzcan las emisiones. Ahora irá un paso más allá, con una caída brusca de ese tope y también de las emisiones gratuitas que se asignan a las factorías -si existe un desfase pueden vender las que les sobren o verse obligadas a comprar-. Con este cambio, las instalaciones tendrán que recurrir con más frecuencia al mercado, habrá menos excedentes con los que comerciar y hacer caja y, además, suben los precios.

En ese juego de la oferta y la demanda entran en juego también otros actores, los especuladores. Ante la previsión de que los precios sigan subiendo hay compañías y fondos que están comprando derechos de emisión, no porque los necesiten para producir algo, sino ante la previsión de que se encarezcan y luego puedan venderlos a mayor precio. Esto dispara aún más la cotización del CO2 en un sistema considerado opaco por empresas y administraciones como la del Principado y que no está exento de polémica, con denuncias sobre la mesa por blanqueo de capitales y estafa.

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