Ence y la inseguridad jurídica

Ence Navia recibe la madera que importa por el puerto de Ribadeo, como muestra la imagen. / J. M. URBANO
Ence Navia recibe la madera que importa por el puerto de Ribadeo, como muestra la imagen. / J. M. URBANO

La sociedad pastera denuncia la intromisión política en su planta de Pontevedra | La posición del PSOE sobre la prórroga de la licencia de la fábrica revoca una decisión de Rajoy y queda pendiente de la Audiencia Nacional

JOSÉ MARÍA URBANO GIJÓN.

«Nuestro futuro estará condicionado a que España mantenga la seguridad jurídica, algo sobre lo que hoy tenemos serias dudas». La frase la pronunció la pasada semana el consejero delegado del Grupo Ence, Ignacio Colmenares, y su solo enunciado debería hacer saltar todas las alarmas. Que la seguridad jurídica no exista en países como Venezuela explican su actual situación de caos, pero que se ponga en duda en una de las economías más importantes del mundo es para echarse a temblar por sus consecuencias en el futuro empresarial.

El Grupo Ence se ha dado de bruces en los últimos meses con una realidad que hasta ahora no tenía precedentes: que la política se entrometa y fuerce decisiones que hasta ahora se quedaban en el ámbito técnico y jurídico.

El caso de la planta de Ence en Pontevedra afecta a Asturias en una doble dirección. Por un lado, la positiva: la fábrica de Navia va a ser la gran beneficiaria de las inversiones que ya no se harán en la capital gallega. Pero por otro, el futuro de las multinacionales y de las grandes empresas que operan en esta región no puede quedar al albur de decisiones políticas que cercenen o afecten a esa seguridad jurídica.

El Grupo Ence se estableció en Pontevedra en 1958, ocupando 373.524 metros cuadrados en Lourizán, al borde de la ría, en donde estableció su planta principal, con una licencia de sesenta años que debería concluir en 2018. En 2013 la empresa pidió una nueva prórroga para mantener el emplazamiento y el Gobierno de Mariano Rajoy se la concedió por otros 60 años, a cambio de una inversión de más de sesenta millones de euros en medidas medioambientales. El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente concedió en enero de 2016 esa prórroga de sesenta años por ajustarse a la ley, según había mantenido la Abogacía del Estado.

El Ayuntamiento de Pontevedra, gobernado por el BNG, más Greenpeace y la Asociación Pola Defensa de la Ría (APDR) presentaron una serie de recursos contra esa decisión y el mes pasado, con el PSOE en el Gobierno central, y por orden del Ministerio de Transición Ecológica, decidió cambiar el criterio que había mantenido el PP y ordenó a la Abogacía del Estado que se allanase en esos recursos, una decisión que no tiene precedentes, aunque la Audiencia Nacional, en una comunicación de las últimas horas, ha dado vía libre a la empresa y a los trabajadores para que puedan defender sus posiciones.

La Abogacía del Estado plantea que «únicamente se podrá permitir la ocupación de dominio público marítimo terrestre con aquellas actividades o instalaciones que, por su naturaleza, no puedan tener otra ubicación». El PSOE se sumó a la posición de los recurrentes y apoya que Ence traslade su ubicación. En la empresa no dan crédito, como si desmantelar una planta de esas características y levantar otra fuera sencillo o no tuviera un coste económico que impediría cualquier proyecto de futuro. Por no hablar de la escasa sensibilidad que se demuestra cuando se pretende trasladar una industria sin importar demasiado los ciudadanos 'castigados' con el nuevo emplazamiento.

Tras conocerse el allanamiento de la Abogacía del Estado, Ence perdía en Bolsa un 5,33% el pasado 14 de marzo y el 28 de ese mismo mes anunciaba en la Junta de accionistas la decisión de suspender todas las inversiones en la planta de Pontevedra, trasladando una buena parte a su fábrica de Navia.

En Pontevedra el Ayuntamiento aprobó en su día declarar a Mariano Rajoy 'persona non grata', una iniciativa de PSdG-PSOE y Marea Pontevedra, que contó con el apoyo del BNG. Y se recrudeció la polémica habitual. La del Ayuntamiento y grupos conservacionistas, que consideran que Ence perjudica a Pontevedra y a su expansión por su presencia en la ría, frente a la empresa y los que valoran la riqueza que Ence aporta a Pontevedra e incluso a toda Galicia. La compañía aporta sus datos, ya que en Pontevedra mantiene el 70 por ciento de su negocio global, en donde obtiene el 30% del ebitda de la sociedad, y concreta aún más cuando expone sus 400 empleos fijos, 2.700 del área logística y de transporte y 2.100 del sector forestal, lo que equivale a que 5.100 familias dependen de su actividad en la ría pontevedresa. Y además señala que la mitad de la madera que se produce anualmente en Galicia va destinada a Ence, lo que equivale a que el 30% del personal empleado en el sector forestal se subordina a su actividad.

Otro de los daños colaterales lo sufriría el puerto de Marín, en donde Ence representa el 60% de sus movimientos para la exportación. Y también se habla de lo que supone la empresa en apoyos al tejido social de la zona.

El conflicto se prolongará durante años, puesto que los recursos y las demandas ante los tribunales llegarán a Europa si hace falta. En Navia se pasará de unas inversiones previstas de 300 millones de euros a 600, que se sumarán a los 100 de las obras que se llevan a cabo ahora y que culminarán en el mes de junio. Y en vez de incrementar la plantilla en cien trabajadores, como estaba previsto, se contratará a doscientos. En la actualidad Navia cuenta con 400 empleados.

Los responsables del Grupo Ence señalan que esta apuesta por Asturias y por España en general estará condicionada a una seguridad jurídica que ahora mismo, según ellos «está en duda en España». Sin duda, lo peor que podría aducir un grupo empresarial sobre un país en el que opera e invierte con visión de futuro. Y un aviso en toda regla en una región, Asturias, en la que abundan las multinacionales con intereses repartidos por todo el mundo.