300 millones para la papelera de Navia

Ence tenía previsto invertir 350 millones de euros en Pontevedra, pero esa cantidad se ha reducido ahora a la ejecución de los proyectos que ya están en marcha y que suponen unos 50 millones. «A partir de ahora toda la inversión irá a Navia. Queríamos ampliar nuestra capacidad de producción en 230.000 toneladas de celulosa en 2023 y todas ellas las vamos a hacer íntegras en Navia», afirmó el consejero delegado de Ence, Ignacio de Colmenares, durante su intervención de ayer en la junta de accionistas.

La empresa ya había anunciado a mediados de diciembre su intención de invertir 500 millones en la planta naviega y alcanzar una producción de 685.000 toneladas anuales, además de empezar a fabricar celulosa de uso textil y para productos de higiene. Un plan a cinco años que ahora, con el frenazo en Pontevedra, se verá aún más reforzado.

No planean cerrar la fábrica gallega de manera inminente, pues estiman que los cinco recursos con los que está lidiando podrían alargarse durante, al menos, seis años y no descartan tampoco ganar el juicio. Es más, agotarán todas las vías posibles. «Recurriremos al Supremo, al Constitucional y al Tribunal de Justicia de la Unión Europea», remarcó De Colmenares. Lo defenderán «hasta las últimas instancias» y contemplan, incluso, reclamar responsabilidad patrimonial al Estado.

No obstante, si todo esto falla, buscarán nuevas localizaciones para su negocio de celulosa y no estarán en España. «Nos iríamos a una fábrica en un país que aporte seguridad jurírica, donde haya madera barata y competitiva y mano de obra barata. Eso no se llama el noroeste de España», espetó De Colmenares.

Tratarán, asimismo, de diversificar aún más en el negocio de la electricidad, que es otro de los pilares del plan estratégico de la compañía. Las plantas de biomasa de Huelva, Mérida, Ciudad Real, Córdoba, Jaén y Navia, que suman ya 400 megavatios de generación eléctrica, recibirán una inversión de 615 millones de euros en los próximos cinco años, superior a la destinada al negocio de la celulosa. «Estamos mirando activos para comprar. En la actualidad tenemos 400 megavatios y queremos ir a mucho más. La fotovoltaica va a crecer mucho, queremos ser un actor importante y, al mismo tiempo, la biomasa tiene recorrido. Creemos en la posibilidad de hibridar termosolar y biomasa», apuntó De Colmenares. Prueba de ello es la adquisición de la planta termosolar de Puertollano, en Ciudad Real, que aportará, estiman, 18 millones de euros al Ebitda cada ejercicio.

De Colmenares lo tiene claro, 2018 «ha sido el mejor año de la historia de la compañía». Alcanzó un beneficio neto de 131,7 millones de euros, un 40,6% más que en el ejercicio anterior. También se incrementó el Ebitda en un 35% hasta llegar a los 290,9 millones de euros y el pago de dividendos creció un 69% en el año.

Asimismo, la inversión de 280 millones de euros en 2018 para nuevos proyectos y otros 12 millones en mejoras en sostenibilidad, favorecieron el aumento de su capacidad productiva de celulosa en 30.000 toneladas e inició la expansión de otras 100.000 , que se completarán en el primer semestre de este año.

Los resultados de Ence el pasado ejercicio son claramente favorables y vienen impulsados por el negocio de la celulosa, que también presenta buenas perspectivas de cara a los próximos años por el crecimiento de la demanda y la ausencia de grandes proyectos de nueva capacidad. «2019 será otro año de éxito para Ence», vaticinó De Colmenares. De hecho, el objetivo es llegar a los 340 millones de Ebitda, de los que, al menos, 100 provendrán de la generación eléctrica con energías renovables.

A pesar de las buenas perspectivas económicas, Ence afronta también su propia cruz en Pontevedra. La compañía había conseguido una prórroga de 60 años en 2016 para seguir operando en la planta gallega, pero el Gobierno central decidió este mismo mes que la Abogacía del Estado, que había avalado otorgar la ampliación en un informe firmado el 24 de noviembre de 2015, no defendiera más esta concesión, recurrida por los ecologistas, plataformas vecinales y el propio Ayuntamiento de Pontevedra.

«Estamos convencidos de que la razón jurídica nos asiste, pero también tenemos la razón social: no podemos olvidar que de la biofábrica de Pontevedra dependen más de 5.000 familias», subrayó De Colmenares, quien concretó que la planta emplea a 400 personas y genera otros 4.800 puestos de trabajo indirectos. De hecho, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, quien asistió a la junta de accionistas de ayer, y la Confederación de Empresarios de Pontevedra reclamaron que se renueve la prórroga de la concesión de los terrenos que ocupa la factoría y advirtieron de que su cierre tendría un grave impacto en la economía de toda Galicia. Según sus datos, cada día salen 4.000 toneladas de madera de eucalipto con destino a Ence, cantidad que constituye casi toda la producción de Pontevedra y la mayor parte de la de La Coruña.

El conflicto con la biofábrica gallega afectó también a los resultados en Bolsa de Ence, que se estrenó en el Ibex-35 en diciembre. La compañía llegó a caer un 32% desde máximos anuales y a perder 118 millones de capitalización bursátil. El cierre de la factoría de Pontevedra le generaría un impacto de 185 millones que los inversores no vieron con buenos ojos. No obstante, tras esta tendencia bajista, Ence ha vuelto a subir en Bolsa y cerró ayer con un crecimiento del 2,26%.