Una garantía para el suministro eléctrico de más de un millón de clientes en España

Competencia vigila la operación y podría intervenir si el Gobierno español si considerase que hubiera una amenaza real

E. C. GIJÓN.

¿Qué está en juego en España con la opa lanzada por el consorcio China Three Gorges (CTG) sobre la eléctrica EdP? Todo se resume en cifras. Además de liderar de forma casi monopolística el mercado portugués, la compañía tiene en nuestro país un total de 1,1 millones de clientes de electricidad y 883.000 de gas, una cuota que ha crecido por encima del 8% en los últimos años a través de ofertas agresivas en precios y una gran campaña de posicionamiento de marca a través del patrocinio de las principales competiciones de 'running'.

Si España es importante para la cuenta de resultados de EdP, la eléctrica también juega un papel clave para garantizar la seguridad de suministro en algunas regiones del país. La compañía lusa controla alrededor de un 5% de la capacidad de generación eléctrica repartida entre tres centrales térmicas de carbón -Aboño y Soto de Ribera, en Asturias-, 12 minipresas hidroeléctricas, una gran cartera de renovables y una participación minoritaria en la central nuclear de Trillo. Además, EdP es propietaria de 20.613 kilómetros de red eléctrica heredados tras la compra de la española Hidrocantábrico en 2004 y fundamentales para el correcto funcionamiento del sistema en el norte del país.

Sensible para España

Esta presencia en activos regulados hace que la operación sea sensible para España y obliga a que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sea informada de la operación. El regulador está asumiendo de forma transitoria desde su creación en el año 2013 las funciones que la propia Ley de Creación de la CNMC estipula que competen al Ministerio de Energía en relación a las operaciones corporativas que afecten a activos estratégicos.

Esa ley es especialmente cauta en lo que se refiere a la toma de participaciones en empresas propietarias de activos regulados de generación eléctrica y distribución y, especialmente, si el comprador está controlado por un Estado de fuera de la Unión Europea.

«Si el ministro de Industria, Energía y Turismo considerase que existe una amenaza real y suficientemente grave para la garantía de suministro de electricidad, gas e hidrocarburos en el ámbito de las actividades del adquirente, podrá establecer condiciones relativas al ejercicio de la actividad», señala la propia ley.

 

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