El Gobierno está dispuesto a buscar un comprador para las plantas de Alcoa

La Junta General aprobó por unanimidad la declaración institucional durante el Pleno extraordinario celebrado ayer. / ÁLEX PIÑA

Maroto y Ribera plantean mantener su actividad y piden explicaciones a la multinacional sobre las verdaderas causas del anuncio de cierre

NOELIA A. ERAUSQUIN GIJÓN.

Al Gobierno español no le convencen las explicaciones que el martes dio Alcoa al anunciar el cierre de las plantas que tiene en Avilés y La Coruña, lo que dejaría en la calle a casi 700 empleados, 317 en Asturias y 369 en Galicia. Así lo manifestaron ayer las ministras Reyes Maroto, de Industria, y Teresa Ribera, de Transición Ecológica. Ambas reclamaron a la multinacional americana más información sobre las causas que le han llevado a tomar esta decisión y apostaron por el mantenimiento de la actividad en las factorías, aunque sea con un nuevo propietario. De hecho, el propio Ejecutivo está dispuesto a buscar un comprador para las plantas, según expresó en los pasillos del Congreso de los Diputados la responsable de Energía.

Teresa Ribera insistió en su idea de que detrás del cierre se encuentra una estrategia empresarial, y no el creciente precio de la energía, más si cabe cuando la subasta de interrumpibilidad que diseña el actual Ejecutivo contemplaba mecanismos para favorecer a la gran industria, algo de lo que era conocedora la multinacional. De hecho, la titular de Transición Ecológica subrayó que la compañía americana se ha beneficiado sistemáticamente de un 30% de la potencia eléctrica subastada en España. «Lo que no creo es que este sea el motivo, habrá que ver cuáles son, porque difícilmente se pueden imputar a esta decisión», recalcó la ministra.

Además del elevado precio de la electricidad, Alcoa también argumentó para los cierres problemas estructurales productivos y tecnológicos de las dos factorías afectadas, los efectos de la sobrecapacidad de producción de China o el elevado precio de las materias primas.

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Ante este panorama, el Gobierno ha convocado una reunión para la próxima semana «al más alto nivel» para coordinar las próximas actuaciones. A ella están convocados representantes de los Ejecutivos de Asturias y Galicia, los secretarios de Estado de Energía e Industria y también los sindicatos, reveló Maroto.

El objetivo, según aseguró la titular de Industria, Comercio y Turismo, es que «la empresa venga a contarles cuáles son los motivos por los que ha tomado esta decisión, que nos ha pillado, de alguna manera, sin conocimiento». Tanto ella como Ribera recordaron que hasta el día anterior nadie sabía que iban a anunciar cierres. Incluso reveló que el martes, cuando Alcoa convocó a los comités de empresa de las plantas españolas para la jornada siguiente, la dirección no cogió el teléfono a la alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, ni a la propia Maroto.

En este contexto, la ministra de Industria censuró el comportamiento de Alcoa, con la que explicó que se había trabajado desde la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno para conocer sus necesidades y avanzó que va a «exigirle a la empresa que mantenga las dos plantas productivas y encontrar cuáles son los escenarios en los que tenemos que trabajar paraque esto sea así». Además, se mostró disconforme con las explicaciones que le dio ya el miércoles por la mañana el presidente de Alcoa, cuando le comunicó sus intenciones. «Yo lo que quiero es, más allá de esas causas, tener el informe que motiva el cierre», subrayó, una documentación que, previsiblemente, recibirá el martes durante el encuentro con los directivos de la compañía en España. En su opinión, lo primero es conocer las causas «para después ver qué podemos hacer para cambiar una decisión que entendemos no responde a la realidad que ahora mismo conocemos», afirmó.

Por otro lado, el presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Juan Rosell, lamentó el «duro golpe» que supone la decisión de Alcoa y puso el foco en los costes energéticos que en España «nos tendremos que hacer mirar» porque «está claro que son más altos» que en otros países.

Precisamente, ayer, Alcoa anunció pérdidas de 41 millones de dólares (35,6 millones de euros) en el tercer trimestre, frente al beneficio de 113 millones de dólares (98 millones de euros) obtenido en igual periodo de 2017. Sin embargo, estos resultados están afectados por costes extraordinarios relacionados con las pensiones y los beneficios de los antiguos empleados que ascienden a 174 millones de dólares (151 millones de euros). Sin ellos, el beneficio neto se habría elevado a 119 millones de dólares (103 millones de euros), lo que supone un incremento del 5%, según informó la empresa. Sin embargo, Alcoa atribuye a las factorías de Avilés y Coruña pérdidas por 74 millones, 37 en cada una, en lo que va de 2018, que se suman a los 26 millones de 2017.

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